Atizapán, México.- En el marco de la primera sesión de Cabildo de esta demarcación encabezada por la alcaldesa Ruth Olvera Nieto, el político y empresario acapulqueño Fernando Reina Iglesias, esposo de la conductora de televisión Galilea Montijo, fue anunciado como parte del nuevo gobierno municipal de Atizapán.
En dicha reunión, la cual fue realizada a puerta cerrada, el empresario fue nombrado como tesorero, junto con el resto del equipo seleccionado para esta gestión, tomaron protesta para la administración municipal 2019-2021.
Tras el acto y como resultado de las constantes críticas por su lugar de nacimiento Reina Iglesias comentó “Yo no soy oriundo del municipio, soy de Acapulco Guerrero y radico en la zona metropolitana del Valle de México, desde hace 6 años”.
Aunado a esto, anunció que las finanzas públicas no son un tema, ni político, ni que tengan que ver con el origen donde nació. Sin embargo, señaló que las finanzas públicas son universales y no incumben sólo a Guerrero, Nuevo León, Tamaulipas o el Estado de México.
“No se plasman voluntades, sino se cumplen metas de recaudación y se les paga a los proveedores, contratistas y se cumple con las obligaciones tributarias, lo que tenemos que hacer, es trabajar como nos diga la gente que está allá afuera”.
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Complementario a esto, aseguró que está certificado por el Instituto Hacendario del Estado de México, la cual es una norma de competencia de obligación por ley en el artículo 96, que obliga a los tesoreros a cumplir con los requisitos en donde recalco, nuevamente, que “ahí no dice que debo de haber nacido en el Estado de México para ser tesorero”.
Por otra parte, señaló que la situación actual del municipio es crítica debido a los malos manejos por parte de sus antecesores aunque, detalló, si es tratada con pericia, oficio y de forma responsable es manejable.
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Dentro de los problemas con mayor índice de inconsistencias, heredados por la gestión de la panista Ana Balderas, se encuentra el organismo operador del agua potable SAPASA en donde hay cuentas por saldar al ISSEMYN y Fonacot, y se recibe una deuda global de aproximada de 800 millones de pesos, con 50 millones en caja, de los cuales, hay que regresar 35 mdp al gobierno del Estado de México pues es dinero de programas federales que no se ejercieron.
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