/ martes 9 de enero de 2018

“Acosan” inspectores de Toluca a negocios del centro

A las comunidades “simplemente no llegan”

Toluca, México.- La Agrupación de Comerciantes del valle de Toluca lamentó que mientras los inspectores del municipio se encuentran “acosando” a los establecimientos del centro para verificar si cuentan con licencia de funcionamiento, exista otro sector en las comunidades, como San Pablo y San Andrés, a donde “simplemente no llegan”.

En entrevista, Juan de Dios Bringas Enríquez, representante de dicha organización, apuntó que desconocen si el alcalde de Toluca prefiera no supervisar negocios de San Cristóbal Huichochitlán “por su ascendencia”.

Al respecto, señaló que resulta preocupante el hecho de que los representantes populares hayan aprobado a finales del año anterior una normatividad para despenalizar la venta de bebidas alcohólicas a menores de edad, sin embargo, no hayan tomado en consideración a los negocios irregulares.

De esta forma, indicó que en ese tipo de establecimientos se corre el riesgo de que la gente adquiera bebidas adulteradas, y mencionó que por derecho de licencia los establecimientos que se enfocan a ello pagaron poco más de 11 mil pesos, y ahora en el 2018 la cifra será mayor.

Para Bringas Enríquez la autoridad ha permitido la ilegalidad, y el nuevo gravamen no va dirigido a frenar el consumo, sino que es “meramente recaudatorio” y va en perjuicio de los negocios.

Toluca, México.- La Agrupación de Comerciantes del valle de Toluca lamentó que mientras los inspectores del municipio se encuentran “acosando” a los establecimientos del centro para verificar si cuentan con licencia de funcionamiento, exista otro sector en las comunidades, como San Pablo y San Andrés, a donde “simplemente no llegan”.

En entrevista, Juan de Dios Bringas Enríquez, representante de dicha organización, apuntó que desconocen si el alcalde de Toluca prefiera no supervisar negocios de San Cristóbal Huichochitlán “por su ascendencia”.

Al respecto, señaló que resulta preocupante el hecho de que los representantes populares hayan aprobado a finales del año anterior una normatividad para despenalizar la venta de bebidas alcohólicas a menores de edad, sin embargo, no hayan tomado en consideración a los negocios irregulares.

De esta forma, indicó que en ese tipo de establecimientos se corre el riesgo de que la gente adquiera bebidas adulteradas, y mencionó que por derecho de licencia los establecimientos que se enfocan a ello pagaron poco más de 11 mil pesos, y ahora en el 2018 la cifra será mayor.

Para Bringas Enríquez la autoridad ha permitido la ilegalidad, y el nuevo gravamen no va dirigido a frenar el consumo, sino que es “meramente recaudatorio” y va en perjuicio de los negocios.

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