Busca SAT evitar que empresas mexiquenses caigan en malas prácticas

A partir del 2020 la compra y venta de facturas falsas es considerado como delincuencia organizada

Por Elizabeth Ríos | El Sol de Toluca

  · miércoles 30 de octubre de 2019

La reforma tiene como finalidad perseguir penalmente la evasión / Foto: Daniel Galeana

El Servicio de Administración Tributaria de la entidad imparte pláticas a las cámaras empresariales para evitar que los establecimientos caigan en malas prácticas de facturación, informó la administradora del SAT en Toluca, Alin Denisse Rocha García.

Destacó que todavía existe temor por la nueva reforma fiscal que entrará en vigor a partir del 2020 y por medio del cual se establece que quien compre o venda facturas apócrifas podrían enfrentar cargos por delincuencia organizada.

Vamos a combatir evidentemente a este tipo de sectores, pero vamos más allá, vamos a las redes que están marcando este tipo de sector, el sector generalmente a nivel local no hemos tenido inconvenientes, pero pláticas también la vamos a dar en el SAT una vez que esté publicado en el Diario Oficial de la Federación”, destacó.

Entre las principales fallas detectadas por el SAT son las relacionadas con la facturación y la localización de los trabajadores, por lo que la institución notifica a las empresas que están siendo sometidas a una revisión.

A partir de dicha notificación el SAT todavía establece un plazo para que la empresa compruebe que está legalmente constituida.

En todas las cámaras a las que vamos tratamos el tema y les volvemos a reiterar, que por favor no compren ninguna factura falsa, ninguna factura de operaciones simuladas, toda vez que para el 2020 en efecto va a haber mayores consecuencias para este sector”, puntualizó.

Se estima que en México un total de 145 empresas son investigadas por presuntas operaciones simuladas estimadas en 50 mil millones de pesos, consecuencia de la facturación falsa.

A partir del próximo año la facturación falsa será considerado como delincuencia organizada y la sanción considera la prisión preventiva oficiosa, además de entre dos y nueve años de prisión.

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