Alrededor de 80 mil unidades económicas del Edomex corren el riesgo de ser clausuradas a partir del mes de abril debido a que la Ley de Competitividad no contempla la emisión de Dictamen de Impacto Sanitario.
Ante dicho panorama Gilberto Sauza Martínez, presidente del Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales de la entidad (Concaem), llamó a la LXI Legislatura local para que corrija lo que denominó “catástrofe reglamentaria” en la ley antes referida, pues deja en estado de indefensión a miles de empresas de diferentes sectores.
“A partir del mes de abril se encontrarán en el limbo jurídico, por la catástrofe reglamentaria, no solamente los proyectos que decidan abrirse en la entidad, sino 70 mil unidades económicas del sector restaurantero y bares, además de 10 mil negocios que concentran rastros, tiendas de autoservicio, departamentales y refaccionarías”, aseguró.
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Acompañado de los presidentes de la Canirac, Coparmex y del Centro Histórico de Toluca, Mauricio Massud Martínez, Jesús Trigos Rodríguez y Alejandro Rayón Montes de Oca, respectivamente, el líder del Concaem explicó que dentro de las modificaciones hechas a la Ley de Competitividad, se establece que los establecimientos con venta de alimentos, bebidas alcohólicas, rastros, refaccionarías y aquellas dedicadas a la comercialización de autopartes deben contar con un Dictamen de Giro para poder obtener su licencia de funcionamiento.
Sauza subrayó que la precaria redacción que tuvo la reforma que inició su aplicación en enero del 2021 no consideró el hecho de que los ayuntamientos no tienen facultades jurídicas para autorizar o verificar establecimientos en materia sanitaria.
“Como las autoridades municipales no tienen facultades jurídicas para verificar establecimientos en materia sanitaria, los Dictámenes de Giro que pudieran aprobar son inválidos ante una revisión de la Comisión para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Coprisem) o autoridades en materia de salud”, advirtió.
Por lo anterior, mostró su preocupación porque todas las unidades económicas que obtuvieron una licencia de funcionamiento, donde se indique que pueden vender bebidas alcohólicas, se encuentran en estado de indefensión, ante cualquier verificación en materia de salud y podrían ser suspendidas.
Asimismo, señaló que se tiene un mes para corregir esta situación o plantear una ruta de solución antes de que todos los permisos que hoy respaldan a los empresarios de estos sectores queden inválidos.
Derivado de lo anterior, propuso "Que se abrogue la Ley vigente, establecer un nuevo reglamento que garantice certeza jurídica a los empresarios del sector, definir una hoja de ruta y calendarización viable para el cumplimento de la nueva norma, así como la capacitación a los municipios para su implementación".
