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Tlalnepantla, México.- María Guadalupe Díaz Estrada, directora del Centro de Prevención del Delito del Gobierno del Estado de México, apuntó que de acuerdo al Índice de Paz en México 2017, el costo de la violencia y la delincuencia es de 3.7 billones de pesos, lo que equivale al 18 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) Nacional.
"Esto nos exige la actualización de propuestas que favorezcan y mejoren las condiciones de la población, trabajando siempre con un enfoque transversal en el que la ciudadanía sea un factor indispensable", afirmó la funcionaria estatal.
Durante la clausura del Primer Congreso Internacional de Prevención Social de la Violencia y Delincuencia, convocado por el Gobierno del Estado de México, que se desarrolló durante tres días en Toluca, Chalco y Tlalnepantla, se presentaron distintas ponencias y obras de teatro encaminadas a disminuir conductas violentas y delictivas dentro del entorno familiar, escolar, laboral y social.
La Integradora de Cultura de Paz, Angélica Garnica Sosa, sostuvo que la violencia y los delitos no son un fenómeno que haya surgido de repente; son el resultado de un largo camino de violencia, de pérdida de confianza en las instituciones y del tejido social, así como de factores económicos, sociales, educativos y de servicios, de ahí que sea necesaria una estrategia integral y transversal.
Los ponentes coincidieron en la importancia de que la ciudadanía sea parte activa de las estrategias para abatir la violencia y la delincuencia en comunidades mexiquenses.
Garnica Sosa preciso que en Tlalnepantla se lleva a cabo a través del programa Redes Vecinales de Seguridad, la participación de la ciudadanía que es fundamental, porque son los propios vecinos quienes saben lo que sucede en su entorno.
Esta estrategia, añadió la Integradora de Cultura de Paz, tiene los componentes que deben estar presentes en una política pública de prevención social del delito, como es mejorar los espacios públicos y de cultura cívica; fortalecer la prevención de la violencia contra la mujer y la policía de proximidad para disuadir el delito y reconstruir el tejido social.
