Bajo el argumento del combate a delitos como el lavado de dinero, la extorsión y el secuestro, el gobierno federal utiliza la violación del derecho a la privacidad y la intimidad de las personas como ejes de su administración.
Gilberto Javier Sauza Martínez, presidente del Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales del Estado de México (Concaem), lamentó que la presunción de inocencia haya quedado de lado y la nueva forma de investigación en el país sea suponiendo, como ha quedado de manifiesto a través de la Ley de Prevención de Lavado de Dinero y Combate al Financiamiento del Terrorismo.
“Definitivamente, en nuestro país la presunción de inocencia ha quedado de lado y la nueva forma de hacer investigación es suponiendo que todos somos delincuentes, porque en ello se basan las nuevas disposiciones para el uso de plataformas digitales bancarias”, externó.
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Indicó que para la utilización de dichas herramientas ahora se requieren esquemas de geolocalización en tiempo real, además de la propuesta de creación de un registro de usuarios de telefonía móvil que incluya datos biométricos de cada persona.
“Como parte de los supuestos de la Ley de Prevención de Lavado de Dinero, se está haciendo acopio de datos sumamente sensibles, ya que la geolocalización ofrece datos como las direcciones IP, el teléfono móvil, la identificación de radiofrecuencia e incluso da acceso a las etiquetas en fotografías y mensajes en redes sociales como Facebook y Twitter”, advirtió.
El representante empresarial señaló que dichas medidas son obligatorias para los bancos y los usuarios de la banca en línea, pero pueden ser usadas a discreción por la autoridad.
“Para el uso de la información antes requerida no es necesaria ninguna autorización judicial para que las instituciones financieras estén obligadas a proporcionarla, lo cual nos deja en total estado de indefensión a los usuarios”, aseveró.
Recordó que en nuestro país se han hecho esfuerzos anteriores por hacer registro de usuarios de telefonía móvil, pero la experiencia ha evidenciado la falta de control que se tiene de esta información, por lo que esta medida resulta desproporcionada, innecesaria y riesgosa.
“Incluso, hemos visto la venta de padrones completos de usuarios, compradores y hasta electores en línea y en el mercado negro. Todos hemos sido víctimas de empresas que venden nuestros datos y recibimos llamadas constantemente para vendernos cosas y ofrecernos promociones”, apuntó.
Afirmó que si bien deben buscarse estrategias de inteligencia que incidan en la seguridad de la población, los niveles de recaudación y el respeto al marco de la legalidad, nunca será una opción pasar por encima de los derechos de los ciudadanos.
Este es un país, en donde hasta hoy se había respetado la privacidad y los derechos humanos de los ciudadanos.