Al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), no solamente le interesa mantener comunicación permanente con las empresas que realizan importantes aportaciones al organismo, sino que mantendrá su política de “cero tolerancia” a cualquier intento de coyotaje o acto en contra del derecho legítimo de los trabajadores de conformar su patrimonio.
Carlos Martínez Velázquez, director nacional del organismo, aseveró que una de las grandes empresas que se encuentran asentadas en el territorio mexiquense es General Motors, la cual no solamente genera un importante número de empleos de calidad en esta zona, sino que es de las mayores aportantes.
“Tenemos el carácter no solamente de otorgamiento de crédito, sino que somos uno de los grandes recaudadores fiscales de la Federación, al igual que el Sistema de Administración Tributaria (SAT) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)”, externó.
El INFONAVIT, explicó, recauda el 5% de las aportaciones de los patrones, y en este caso, reiteró: “General Motors es de las grandes compañías que aportan al instituto, por lo que nos interesa mucho visitar a los trabajadores y platicas con ellos, sobre los beneficios que otorga este organismo de seguridad social”.
Martínez Velázquez recordó que todo trabajador formal tiene derecho a contar con IMSS, Infonavit y Afores, por lo que tendrán que ser muy cuidados de que se cumpla con estos rubros.
Cero tolerancia al coyotaje
De igual forma, destacó que no permitirán que ninguna persona dentro o fuera de esta Institución obtenga beneficios económicos al ostentarse como asesor financiero para gestionar o presuntamente agilizar algún crédito, ya que todos sus trámites “son gratuitos”.
Derivado de lo anterior, el organismo continuará blindando todos los programas crediticios con sistemas de control para evitar el lucro indebido, por lo que seguirá combatiendo formalmente el coyotaje.
Cabe mencionar que se han presentado casos ante la Subprocuraduría de Investigación de Delitos Federales de la Procuraduría General de la República (PGR), por violaciones a la Ley de la Propiedad Industrial y del Código Penal Federal por falsificación de los productos crediticios de este instituto.