El Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales del Estado de México (Concaem), hizo un llamado para que el acceso a la información, la transparencia y la claridad con la que son asignados contratos y licitaciones a nivel nacional no pasen por encima de los derechos fundamentales de las personas y compañías de nuestro país.
Gilberto Javier Sauza Martínez, presidente de dicho organismo, advirtió que esta información puede convertirse en un arma peligrosa para detonar secuestros, asaltos y extorsiones a la iniciativa privada.
De esta forma, el líder empresarial se refirió a la iniciativa presentada por el Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado de la República para hacer una modificación del artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, ya que representa una alerta, pues puede convertirse en un problema serio derivado del escenario de inseguridad que vive nuestro país.
Podría hacerse pública información de las empresas
Cabe señalar que la propuesta pretende que cuando sea asignado un convenio de licitación, contratación de servicios o proveeduría para el servicio público, también se haga pública información sensible de la empresa contratada como: es su acta constitutiva, escrituras, la publicación de los nombres de los integrantes de la junta o consejo directivo y su domicilio fiscal, situación insostenible en una condición de inseguridad como la actual.
Aclaró que como sector nunca van a estar en contra de la transparencia y la rendición de cuentas, pero ya se tienen herramientas para garantizar que no haya conflicto de intereses o tráfico de influencias.
“Estamos hablando de la creación de una base de datos para extorsionadores y delincuentes, que además podría no dar los resultados esperados”, lamentó.
Ya existen disposiciones
Sauza Martínez recordó que ya existen entes fiscales y las contralorías de las entidades, así como la Ley de Contabilidad Gubernamental para realizar esta labor, “por lo que obligar a la iniciativa privada a hacer el trabajo de la autoridad y además ponerse en riesgo, resulta una decisión es irresponsable”.
Explicó que través de la Ley de Contabilidad Gubernamental se puede saber si una obra se llevó a cabo o no, la manera como se asigna del contrato y si al final cumple con los estándares que se habían establecido.
Asimismo, el sector privado cuenta con algunos otros entes de fiscalización, como el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y las direcciones locales de Verificación que hacen análisis específicos de cómo operan las empresas.
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