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No existe en el Estado de México ni una sola base de datos que dé cuenta sobre las solicitudes de Dictamen de Giro que han hecho los empresarios, así como el monto de la inversión.
Durante una junta de Consejo y firma del convenio con la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo del valle de Toluca (Canaco-Servitur), con el propósito de colaborar en este tema, Marco Antonio González Castillo, presidente Comité de Participación Ciudadana (CPC) en la entidad, indicó que su papel es solucionar el problema.
Detalló que dicho organismo tiene injerencia en 68 municipios, motivo por el cual sería importante saber ¿cómo se encuentran en lo relativo al Dictamen de Giro?.
“Sería importante saber cómo se encuentran los ayuntamientos en lo que corresponde a sus Comités de Dictamen de Giro, si ya no tienen trabas para hacerlo, porque hemos tenido problemas sencillícimos, pero difíciles de solucionar”, expresó.
Añadió que no existe ni una sola base de datos que brinde información sobre el número de solicitudes que se han hecho sobre el nuevo dictamen, y ahora se tienen que generar varias fuentes de información.
“No sabemos cuánto tiempo dilate dicho proceso, y la realidad es que ya no debemos perdernos en la discusión de quién es más corrupto: si los municipios o el estado, porque ese no es nuestro papel, sino cómo solucionar el problema, haciendo que los Dictámenes de Giro se faciliten”, apuntó.
De esta forma, aseguró que en este caso lo más importante es que pueda haber inversión y se recontrate a todas las personas que se han quedado sin empleo en los últimos meses, como consecuencia de la pandemia del Covid-19.
Aunado a ello, mencionó que, al incrementar la inversión el Sistema de Administración Tributaria (SAT), también estaría en condiciones de recuperar sus niveles de captación de impuestos y los programas sociales tendrían cómo fondearse.
“Tenemos mucho trabajo por delante, pero nuestra intención es construir y no destruir”, concluyó.
Frase:
“Dentro de estos esfuerzos que se estamos realizando, podemos acompañar a los empresarios con capacitación, así como en la captura de las denuncias y trabajar para que todos realicen adecuadamente su trabajo; de tal manera que los inspectores entiendan que la clausura de un negocio es el último recurso que les debe quedar, porque el primero es la paz social”, Marco Antonio González Castillo, presidente del Comité de Participación Ciudadana (CPC).
