La iniciativa privada solicita a la Legislatura abrogar la Ley de Competitividad y Ordenamiento Comercial del Estado de México, con lo cual, aseguran,se evitaría una sobrerregulación a giros de bajo riesgo.
En conferencia de prensa, el presidente del Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales del Estado de México (Concaem), Gilberto Javier Sauza Martínez, puntualizó que de mantenerse vigente dicha ley se registraría una sobrecarga administrativa para las instituciones dictaminadoras encargadas de emitir el Dictamen Único de Factibilidad (DUF), trámite que ha frenado la inversión en la entidad.
Durante el pronunciamiento en el que estuvieron presentes Marco Antonio Ríos Vilchis, vicepresidente de Inversión y Mejora Regulatoria del organismo y Mauricio Massud Martínez, vicepresidente del sector de servicios, el presidente de la Concaem que no se faculte a los municipios de regular a los comercios a través de un ente denominado "Dictamen de Giro", pues cada municipio impone sus requisitos.
En este contexto, Sauza Martínez expresó que se requieren instrumentos que faciliten la generación de inversiones productivas, en lugar de obstaculizarlas.
“Se requieren resultados inmediatos para evitar que estos instrumentos se vuelvan un obstáculo en la generación de inversiones productivas, el comercio y el empleo, por lo que el sector privado y la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra (Pública), estamos trabajando arduamente para abatir el rezago de la emisión de los Dictámenes Únicos de Factibilidad y una profunda reingeniería al sistema operativo de la Cofaem, así como a la mejora regulatoria de su marco normativo”, puntualizó.
Cabe recordar que el pasado mes de agosto el diputado morenista, Nazario Gutiérrez Martínez, propuso ante el Pleno del Congreso local la abrogación de la Ley que Crea la Comisión de Factibilidad del Estado de México, así como la eliminación del DUF, el cuál sería sustituido por el Dictamen de Giro a cargo de los Ayuntamientos.
“El pretender trasladar estas funciones y atribuciones a los municipios implicaría además de una incongruencia jurídico administrativa, pues coordinan atribuciones consignadas para la esfera de competencia estatal en el Código Administrativo del Estado de México y en el Código para la Biodiversidad de la entidad, la creación de una nueva regulación o un nuevo trámite en los 125 municipios, cuya implementación tardará más de un año”, expresó Gilberto Javier Sauza.
El presidente de Concaem expresó que esta acción implicaría además asignar recursos económicos, materiales y humanos, así como capacitación a los servidores públicos.
“Significa que todas las inversiones que están por autorizarse en el Estado de México se perderían debido a la falta de seguridad jurídica que ello implicaría, ya que volveríamos a cambiar el marco normativo que nos regula”, aseveró.
Adicional a ello, los empresarios adheridos al Concaem pidieron hacer un frente común con el Gobierno del Estado, con la finalidad de mejorar el marco normativo y la operación de la Cofaem.
De acuerdo con cifras de la Concaem, una inversión cercana a los 55 mil millones de pesos está “en juego” debido a la falta de seguridad jurídica por el nuevo marco normativo.
