Empresarios, miembros de la Unión Industrial del Estado de México (UNIDEM) pidieron a los alcaldes de los ayuntamientos del Valle de México frenar las extorsiones por parte de las corporaciones policiacas municipales.
Francisco Cuevas Dobarganes, director general de UNIDEM, explicó que los policías municipales exigen a los operadores de los camiones que transportan sus productos cuotas que van desde mil a 20 mil pesos o de lo contrario son remitidos al Juez Calificador por la descarga en la Zona Conurbada de la Ciudad de México.
“Desde hace varios meses, empresas de grandes dimensiones, la mayoría afiliada a la Unión, han tenido problemas en sus unidades de reparto que distribuyen abarrotes, lácteos, productos de limpieza e higiene personal, bebidas azucaradas y embutidos, en pequeños y medianos negocios de los municipios”, señaló, Cuevas Dobarganes.
Apuntó que el problema obedece a que en una publicación de la Gaceta de Gobierno del Estado de México, se faculta a los Ayuntamientos a cobrar por realizar reparto a comercios en la vía pública, pero enfocado principalmente a restaurantes y tiendas o bases de taxis, situación que aprovechan los policías para retener y extorsionar a los repartidores.
“Desde nuestro punto de vista, se trata de un acto injusto, sin embargo, ya está aprobado y ha sido utilizado principalmente por personal de seguridad pública y tránsito para extorsionar a los repartidores”, denuncio el líder empresarial.
Añadió que los empresarios consideran que la redacción realizada por los diputados y publicada en el Código Financiero del Estado de México en su artículo 157, está enfocada a establecimientos mercantiles tales como restaurantes y tiendas o bases de taxis que utilizan permanentemente la vía pública como estacionamiento.
“Son esas empresas las que deben, según la redacción, de pagar el derecho, y no las distribuidoras que utilizan esos espacios ocasionalmente y por pocos minutos”.
Indicó que ante las diversas denuncias de empresarios, la UNIDEM ha buscado a las autoridades locales para que llegar a un acuerdo pues si el cobro se hace según las dimensiones de las unidades, por unidad de reparto y municipio, por ejemplo, una camioneta que reparte en 10 municipios, debería de pagar hasta $240 mil pesos por derechos al año.
Mencionó que los empresarios han tenido mucha apertura en diversos municipios como Tlalnepantla, Atizapán, Ecatepec, Izcalli y Nezahualcóyotl para evitar abusos policiacos, pero donde han registrado diversos incidentes es en Naucalpan, Tultitlán y Coacalco.
Finalmente, la Unión Empresarial pidió freno a los abusos de policías municipales, pues en estos incidentes se han encontrado que en un día remiten al Juez Calificador al menos a 12 repartidores, y si ello ocurre cotidianamente significa severas pérdidas para las industrias y desincentiva la inversión en la entidad.
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