Este año la Fiscalía Anticorrupción del Estado de México ha iniciado 3 mil 318 carpetas de investigación, en su mayoría por abuso de autoridad, cohecho, extorsión, además de secuestro exprés y ejercicio indebido, y ha obtenido 26 sentencias condenatorias con 41 personas condenadas.
El fiscal José de la Luz Viñas explicó que más del 70% de las carpetas se inician contra policías en general, y existe una gran preocupación de la ciudadanía en ese tema. El otro 30 % son denuncias de corrupción en general, donde hay de todo, pero sobre todo van enfocadas contra presidentes municipales, regidores, personal del ayuntamiento, verificadores, entre otras.
Al sostener una reunión con los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana (CPC) explicó que mientras el año pasado lograron 23 sentencias y 35 sentenciados, este año, hasta octubre van 26 sentencias y 41 sentenciados por delitos, incluso como secuestro exprés y extorsiones que duelen mucho a la ciudadanía.
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Ante un año atípico, explicó, han sido innovadores para atender denuncias desde la aplicación móvil y a través de correos, pero con la pandemia, en los meses más álgidos disminuyó el número de denuncias y desde junio empezaron a recibir más, pero aseguró que nunca cerraron, pusieron guardias en las agencias y cuidaron a su personal.
Dijo que aún cuando ha sido un año complicado, han tenido buenos resultados, han estado judicializando carpetas, pese a que ha sido más complicado generar audiencias. También explicó que han pedido a empresarios y a ciudadanos formular denuncias y ellos los orientan y a veces buscan convencerlos de denunciar.
Hasta el 31 de octubre se habían iniciado 2 mil 561 carpetas por abuso de autoridad, 124 por cohecho, 36 por extorsión, 16 por secuestro exprés y 12 por ejercicio indebido. Señaló además que este año buscan impulsar la aplicación de la Política Anticorrupción.
Ante cuestionamientos sobre denuncias en instituciones de salud por posibles actos de corrupción y si cuentan con presupuesto, el fiscal señaló que no han tenido denuncias contra instituciones de salud, pero sí de supuestas incapacidades apócrifas para servidores públicos.
Las denuncias que reciben van más dirigidas a servidores públicos y han platicado con médicos para explicarles lo peligroso que es expedir incapacidades apócrifas, pero recordó que no pueden actuar inquisitorialmente, pues requieren denuncias.
Admitió que la situación es difícil, pues ha habido recortes en todos los niveles y en la fiscalía hay temas que preocupan como los de género y esa institución ha tenido que enfocarse mucho a ese apoyo, mientras los Ministerios Públicos de la Fiscalía Anticorrupción ya tienen su propia computadora.
El dinero se maneja de manera central, pero afirmó que ha tenido apoyos para las seis sedes que poco a poco han ido mejorando y han pedido que mejore la atención a la ciudadanía. El Sistema Anticorrupción, dijo, es un elemento de gran oportunidad y ha habido temas exitosos.
Los integrantes del CPC advirtieron la necesidad de impulsar la cultura de la denuncia y difundir entre la ciudadanía la necesidad de denunciar y que no es necesaria la ratificación, aunque el Ministerio Público la solicite.
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