/ miércoles 5 de junio de 2019

Abre puertas cancelación del aeropuerto de Santa Lucía

Antonio Lara, presidente del CDHZL, aseguró que la cancelación de las obras es porque no cuentan con estudios ambientales

La cancelación provisional de la construcción del Aeropuerto en Santa Lucía demuestra que el gobierno federal no ha cumplido con los dictámenes y estudios ambientales para esta obra, aseguró vía telefónica José Antonio Lara, director del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL).

El defensor de Derechos Humanos pidió al gobierno federal realizar una consulta amplia entre los pueblos originarios asentados en los municipios de Zumpango y Tecámac.

Destacó que esta resolución abre las puertas para que sean presentados más amparos en contra de la terminal aérea.

El director del CDHZL celebró que el Poder Judicial de la Federación tenga una participación activa en el caso que ha detonado la construcción del nuevo aeropuerto y la protección en materia de derechos humanos de los pobladores y el estado de derecho.

“Es importante que el poder judicial participe que en lo que compete al derecho”, dijo José Antonio Lara.

Señaló que no existen los estudios ambientales pertinentes que acrediten los riesgos del proyecto aeroportuario y que la suspensión de la obra por parte del Primer Tribunal Colegiado en materia administrativa en el Estado de México lo deja en evidencia.

“Mientras no exista todos los estudios e información y análisis con todo lo que tiene que ver con un aeropuerto, no se puede construir como ya lo adelanta el Poder Judicial de la Federación.

“Evidentemente esto es la punta de la ola de lo que puede ocurrir en caso de que el gobierno federal insista en una política de desinformación a las comunidades y evidentemente si no cumple entre otras cosas con garantizar el derecho humano al agua a la región y aplicar la consulta libre, previa e informada a los pueblos originarios aledaños, habrá una cascada de recursos legales y obviamente serán para proteger los derechos humanos de todos los pobladores de esta zona”, dijo.

Finalmente refirió que las autoridades comunitarias y sistemas autónomos de agua potable de las comunidades de Tecámac y Zumpango, aledaños a la Base Aérea Militar de Santa Lucía, donde se construye el nuevo aeropuerto; esperarán al próximo 12 de junio, fecha en la que la Semarnat determinará si acepta o no la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) presentada por la Sedena para interponer los recursos legales.

La cancelación provisional de la construcción del Aeropuerto en Santa Lucía demuestra que el gobierno federal no ha cumplido con los dictámenes y estudios ambientales para esta obra, aseguró vía telefónica José Antonio Lara, director del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL).

El defensor de Derechos Humanos pidió al gobierno federal realizar una consulta amplia entre los pueblos originarios asentados en los municipios de Zumpango y Tecámac.

Destacó que esta resolución abre las puertas para que sean presentados más amparos en contra de la terminal aérea.

El director del CDHZL celebró que el Poder Judicial de la Federación tenga una participación activa en el caso que ha detonado la construcción del nuevo aeropuerto y la protección en materia de derechos humanos de los pobladores y el estado de derecho.

“Es importante que el poder judicial participe que en lo que compete al derecho”, dijo José Antonio Lara.

Señaló que no existen los estudios ambientales pertinentes que acrediten los riesgos del proyecto aeroportuario y que la suspensión de la obra por parte del Primer Tribunal Colegiado en materia administrativa en el Estado de México lo deja en evidencia.

“Mientras no exista todos los estudios e información y análisis con todo lo que tiene que ver con un aeropuerto, no se puede construir como ya lo adelanta el Poder Judicial de la Federación.

“Evidentemente esto es la punta de la ola de lo que puede ocurrir en caso de que el gobierno federal insista en una política de desinformación a las comunidades y evidentemente si no cumple entre otras cosas con garantizar el derecho humano al agua a la región y aplicar la consulta libre, previa e informada a los pueblos originarios aledaños, habrá una cascada de recursos legales y obviamente serán para proteger los derechos humanos de todos los pobladores de esta zona”, dijo.

Finalmente refirió que las autoridades comunitarias y sistemas autónomos de agua potable de las comunidades de Tecámac y Zumpango, aledaños a la Base Aérea Militar de Santa Lucía, donde se construye el nuevo aeropuerto; esperarán al próximo 12 de junio, fecha en la que la Semarnat determinará si acepta o no la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) presentada por la Sedena para interponer los recursos legales.

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