/ sábado 13 de julio de 2019

Advierten fallas en justicia oral del Edomex

Piden que Fiscalía General de la República investigue la presunta fabricación de delitos

Internos de diferentes centros penitenciarios del Estado de México solicitaron a la Fiscalía General de la República (FGR) darle curso a una denuncia penal presentada en 2017, donde acusan fallas en el sistema de justicia penal oral, lo cual habría provocado detenciones injustas, fabricación de delitos y casos de tortura en la entidad.

Dicha querella fue presentada en octubre de 2017, promovida por Humbertus Pérez Espinoza, líder del Frente Mexiquense en Defensa para una Vivienda Digna, quien se encuentra recluido en el penal de Chiconautla, municipio de Ecatepec.

Pérez Espinoza indicó que a la denuncia se sumaron más internos de otros centros preventivos, como se indica el propio documento.

En su momento, la denuncia fue contra funcionarios del gobierno mexiquense por no haber aplicado, ni consolidado el sistema de justicia penal oral, pues aunque se recibieron recursos federales, no ser habrían destinado a dicho objetivo.

Los denunciantes cuestionaron la falta de aplicación de al menos 5 mil 172 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) y de otros 1 mil 537 millones de pesos que servirían para consolidar ese sistema.

Esta omisión, indican, generó que los servidores públicos no tuvieran la certificación constitucional como operadores de justicia y se incrementará el número de personas inocentes que fueron acusados, procesados, y sentenciados en todo el país.

“Lo más grave es que no cumplieron con los diversos artículos transitorios de la reforma constitucional, como: segundo, séptimo y octavo de la carta magna porque tuvieron del 18 de junio de 2008 al 18 de junio del 2016 y no instalaron, ni consolidaron el Sistema de Justicia Penal.

“Teniendo como resultado o efecto sociales graves, (las) violaciones a los derechos humanos como: detenciones arbitrarias para simular que las conductas delictivas se realizaron en flagrancia, (y) la fabricación de carpetas por falsos delitos”, indica la denuncia.

Durante ese periodo, precisan, se incrementaron los casos de tortura.

En el documento, cuya copia tiene El Sol de Toluca, se advierte que se han fabricado delitos como robos a comercios, a transeúntes, a transporte público, de carga, a vehículo, a casa habitación, homicidio calificado, violación, extorsión, delincuencia organizada, secuestro, feminicidio, y trata de personas, entre otros.

También acusan que las carpetas de investigación no cuentan con el denominado informe policial homologado y carecen de cadena de custodia, con lo cual durante el proceso penal no se ha permitido concatenar los medios de probanza como la declaración de la víctima, de los testigos, las pruebas científicas, periciales, documentales, ni el resguardo de indicios.

Incluso habría detenciones ilegales porque desde la captura los agentes policiales no dan aviso administrativo de manera inmediata al Centro Nacional de Información del Sistema de Seguridad Pública.

ERUVIEL

La denuncia precisa que durante la administración del exgobernador Eruviel Ávila no existieron operadores de justicia certificados.

También advierte que hubo funcionarios que no destinaron partidas específicas para el sistema penal oral.

Esa falla, señala, ha generado que con una sola imputación y sin tener otros medios de pruebas se haya condenado a muchas personas inocentes.

Además, se acusa al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) de no auditar los recursos para garantizar que se implementara el sistema de justicia penal oral, mientras la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sí lo hizo.

PRUEBAS

Entre las pruebas que se adjuntan a la denuncia están el Presupuestos del Estado de México de los años 2009 al 2017, el Acuerdo de Seguridad Pública Integral de los Mexiquenses, el documento donde se crea el Órgano Implementador del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral en el Estado de México el 26 de marzo del 2015, y los criterios de asignación del FASP, entre otras.

La denuncia penal incluye al exgobernador Eruviel Ávila Villegas, al exsecretario de Gobierno, José Manzur Quiroga; al presidente del Tribunal Superior de Justicia de la entidad, Sergio Medina Peñaloza; al fiscal general de Justicia del Estado de México, Alejandro Gómez Sánchez, y a Fernando Valente Baz Ferreira, auditor superior de la entidad.

INVESTIGACIÓN

Pérez Espinoza explicó que la denuncia coincide con las recientes críticas hechas por los diputados locales de Morena hacia el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, en torno a la falta de acciones para fiscalizar las Cuentas Públicas del exgobernador Ávila Villegas.

En entrevista desde el penal de Chiconautla reiteró que hay miles de personas inocentes en las cárceles mexiquenses.

“Sé de muchos de miles de detenidos en el Estado de México por el simple hecho de que el presupuesto federal se daba por el número de denuncias y el número de vinculaciones o consignaciones a proceso y el Estado de México fue el estado que mayores recursos obtuvo en el Fondo de Apoyo a la Seguridad”, señaló.

Pérez Espinoza se encuentra tras las rejas acusado de robo con violencia, sin embargo, él acusa que su detención derivó las denuncias que realizó como representante del Frente Mexiquense en Defensa para una Vivienda Digna contra funcionarios estatales e inmobiliarias.


Internos de diferentes centros penitenciarios del Estado de México solicitaron a la Fiscalía General de la República (FGR) darle curso a una denuncia penal presentada en 2017, donde acusan fallas en el sistema de justicia penal oral, lo cual habría provocado detenciones injustas, fabricación de delitos y casos de tortura en la entidad.

Dicha querella fue presentada en octubre de 2017, promovida por Humbertus Pérez Espinoza, líder del Frente Mexiquense en Defensa para una Vivienda Digna, quien se encuentra recluido en el penal de Chiconautla, municipio de Ecatepec.

Pérez Espinoza indicó que a la denuncia se sumaron más internos de otros centros preventivos, como se indica el propio documento.

En su momento, la denuncia fue contra funcionarios del gobierno mexiquense por no haber aplicado, ni consolidado el sistema de justicia penal oral, pues aunque se recibieron recursos federales, no ser habrían destinado a dicho objetivo.

Los denunciantes cuestionaron la falta de aplicación de al menos 5 mil 172 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) y de otros 1 mil 537 millones de pesos que servirían para consolidar ese sistema.

Esta omisión, indican, generó que los servidores públicos no tuvieran la certificación constitucional como operadores de justicia y se incrementará el número de personas inocentes que fueron acusados, procesados, y sentenciados en todo el país.

“Lo más grave es que no cumplieron con los diversos artículos transitorios de la reforma constitucional, como: segundo, séptimo y octavo de la carta magna porque tuvieron del 18 de junio de 2008 al 18 de junio del 2016 y no instalaron, ni consolidaron el Sistema de Justicia Penal.

“Teniendo como resultado o efecto sociales graves, (las) violaciones a los derechos humanos como: detenciones arbitrarias para simular que las conductas delictivas se realizaron en flagrancia, (y) la fabricación de carpetas por falsos delitos”, indica la denuncia.

Durante ese periodo, precisan, se incrementaron los casos de tortura.

En el documento, cuya copia tiene El Sol de Toluca, se advierte que se han fabricado delitos como robos a comercios, a transeúntes, a transporte público, de carga, a vehículo, a casa habitación, homicidio calificado, violación, extorsión, delincuencia organizada, secuestro, feminicidio, y trata de personas, entre otros.

También acusan que las carpetas de investigación no cuentan con el denominado informe policial homologado y carecen de cadena de custodia, con lo cual durante el proceso penal no se ha permitido concatenar los medios de probanza como la declaración de la víctima, de los testigos, las pruebas científicas, periciales, documentales, ni el resguardo de indicios.

Incluso habría detenciones ilegales porque desde la captura los agentes policiales no dan aviso administrativo de manera inmediata al Centro Nacional de Información del Sistema de Seguridad Pública.

ERUVIEL

La denuncia precisa que durante la administración del exgobernador Eruviel Ávila no existieron operadores de justicia certificados.

También advierte que hubo funcionarios que no destinaron partidas específicas para el sistema penal oral.

Esa falla, señala, ha generado que con una sola imputación y sin tener otros medios de pruebas se haya condenado a muchas personas inocentes.

Además, se acusa al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) de no auditar los recursos para garantizar que se implementara el sistema de justicia penal oral, mientras la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sí lo hizo.

PRUEBAS

Entre las pruebas que se adjuntan a la denuncia están el Presupuestos del Estado de México de los años 2009 al 2017, el Acuerdo de Seguridad Pública Integral de los Mexiquenses, el documento donde se crea el Órgano Implementador del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral en el Estado de México el 26 de marzo del 2015, y los criterios de asignación del FASP, entre otras.

La denuncia penal incluye al exgobernador Eruviel Ávila Villegas, al exsecretario de Gobierno, José Manzur Quiroga; al presidente del Tribunal Superior de Justicia de la entidad, Sergio Medina Peñaloza; al fiscal general de Justicia del Estado de México, Alejandro Gómez Sánchez, y a Fernando Valente Baz Ferreira, auditor superior de la entidad.

INVESTIGACIÓN

Pérez Espinoza explicó que la denuncia coincide con las recientes críticas hechas por los diputados locales de Morena hacia el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, en torno a la falta de acciones para fiscalizar las Cuentas Públicas del exgobernador Ávila Villegas.

En entrevista desde el penal de Chiconautla reiteró que hay miles de personas inocentes en las cárceles mexiquenses.

“Sé de muchos de miles de detenidos en el Estado de México por el simple hecho de que el presupuesto federal se daba por el número de denuncias y el número de vinculaciones o consignaciones a proceso y el Estado de México fue el estado que mayores recursos obtuvo en el Fondo de Apoyo a la Seguridad”, señaló.

Pérez Espinoza se encuentra tras las rejas acusado de robo con violencia, sin embargo, él acusa que su detención derivó las denuncias que realizó como representante del Frente Mexiquense en Defensa para una Vivienda Digna contra funcionarios estatales e inmobiliarias.


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