Los diputados locales agravaron las penas para seis tipos de robo: el de autopartes, cuando se violenten los mecanismos de seguridad o de antirrobo de algún vehículo automotor, los llamados “cristalazos”, los que se cometan estando el vehículo estacionado con o sin ocupante y cuando se trate de equipaje o valores de turistas o pasajeros, en cualquier lugar durante el trayecto del viaje.
También aumentaron las penas por el delito de robo a negocio que ha aumentado y el 83% se han cometido con violencia. En este caso, las penas serán de cinco a diez años de prisión y se buscará generar políticas públicas con los municipios para combatirlo.
Además, avalaron una reforma al artículo 3.29 del Código de Procedimientos Civiles del estado de México, con lo cual las sentencias de información de dominio se inscribirán en el Instituto de la Función Registral del Estado de México y no será necesario protocolizarlas ante notario.
Las penas por robo
Sobre las reformas penales, el diputado Gerardo Ulloa de Morena, autor de la primera iniciativa explicó que hubo varios ajustes a la iniciativa original y el objetivo es inhibir esos ilícitos que en los últimos años han tenido un incremento en la entidad mexiquense.
Tan solo en Toluca, dijo, se inician entre 10 y 15 carpetas de investigación por los llamados “cristalazos” con robo de pertenencias y otros del Valle de México como Nezahualcóyotl también tienen esos problemas.
La gente, precisó, les ha pedido atender ese problema, pues quienes cometían esos delitos muchas veces eran liberados porque no están catalogados como graves, pero ahora, tendrán que seguir su proceso en prisión.
Admitió que también debe trabajarse en la prevención, pero ante la realidad, es necesario un castigo más alto para que no se sigan cometiendo esos delitos y advirtió la necesidad de evitar la impunidad.
Las reformas señalan que cuando el robo se cometa estando el vehículo estacionado con o sin ocupante u ocupantes a bordo, la penalidad aumentará en una mitad; en el de autopartes la agravante será de seis meses a seis años de prisión y de uno a tres veces el valor de lo robado y en equipaje o valores de turistas, de cuatro a seis años de prisión al sujeto activo.
En el caso del robo a negocio, Karla Fiesco, del PAN, autora de la iniciativa de reforma al artículo 290 del Código Penal explicó que el alza en ese tipo de delitos ha sido grave, por lo cual es necesario imponer sanciones más altas.
Las sentencias
Por lo que toca a las reformas en materia civil para que las resoluciones sobre traslado de dominio puedan pasar al Instituto de la Función Registral y evitar pagos innecesarios, planteada por la diputada de Morena, Violeta Nova los legisladores advirtieron que ayudará a agilizar y a hacer más accesibles esos trámites.
Max Correa de Morena consideró innecesario protocolizar las sentencias y opinó que esa disposición se estableció para beneficiar a los notarios, pues si las resoluciones fueron emitidas por una autoridad judicial y se agotaron las etapas procesales era innecesario.
Luis Antonio Guadarrama del PT comentó que pese a la protocolización ante notario, si después había una controversia de nada servía la escritura porque no surtía efectos contra terceros y se podía echar abajo, pero al hacerlo directamente ante el Instituto de la Función Registral se ahorran el gasto ante notario.
Margarito González de Morena explicó que la reforma permitirá evitar gastos ante notario y Juan Maccise del PRI dijo que al no tener que protocolizar el traslado de dominio se logrará un proceso ágil y a menor costo y se armoniza con la reforma de julio del 2019 donde eliminaron la obligación de protocolizar la sentencia de usucapión.
