La Legislatura mexiquense alista la aprobación de una Ley de Amnistía y de Reinserción Social para el Estado de México que integrará una sola propuesta de las cuatro presentadas, enfocada a apoyar a las personas más vulnerables, y donde un juez de control se encargaría de revisar los casos.
Sin embargo no aplicaría para delitos de alto impacto contemplados en la Ley Federal, es decir, a quienes hayan cometido ilícitos contra la vida o la integridad corporal, secuestros, o hayan usado armas de fuego, ni beneficiaría a personas indiciadas por delitos graves de orden federal.
No obstante, el diputado de Morena Max Correa Hernández, uno de los principales impulsores, aseguró que se prevén mecanismos para que en casos especiales, donde se haya fabricado ese tipo de delitos, el gobernador podría otorgar el indulto, entre otros aspectos.
La propuesta
Max Correa señaló que la ley será de amnistía y reinserción social, pues con las aportaciones de los poderes Ejecutivo y Judicial y de las y los legisladores consideraron la necesidad de dar atribuciones a quienes operan la justicia para también aplicar los beneficios de la preliberación, al tiempo de buscar la reinserción social.
También, añadió, se protegerán los derechos de las víctimas, la reparación del daño, se considera la instalación de una comisión para dar seguimiento, establecer un plazo perentorio y se evita la discriminación.
La amnistía, afirmó, está enfocada a las personas más vulnerables, más pobres y a quienes están privadas de su libertad por cuestiones como no tener una defensa adecuada, pues distintos datos arrojan que más del 80% de las personas privadas de su libertad tenían un trabajo y sostenían a una familia, es decir, no se dedicaban a una actividad delictiva, pero por las fallas del sistema las instituciones buscaron no quién la hizo, sino quién la pagara y se fabricaron culpables.
Refirió que el propio presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoció que en México no habrá justicia mientras se sigan fabricando delitos a los más vulnerables, en condiciones de pobreza y sin posibilidades de una buena defensa.
Durante estos días organizaciones, activistas y familiares de personas injustamente presas han pedido reiteradamente a la legislatura local y a cada uno de los 75 diputados y diputadas aprobar, antes de que concluya este periodo, una Ley de Amnistía que sirva.
Esta norma está enlistada para la sesión que se declaró permanente este martes, por lo cual podría ser aprobada esta semana.
Observaciones
Juan Maccise Naime del PRI advirtió que el hecho de que sea el Poder Judicial el que se encargue de aplicar la amnistía podría dar lugar a actos de inconstitucionalidad; por lo cual, primero se debe modificar la Constitución, dar un tratamiento distinto a la amnistía y a la libertad condicionada, y pidió revisar la creación de un órgano desconcentrado, pues tendría atribuciones que ya tiene otra autoridad.
También sugirió una correcta adecuación de técnica legislativa, definir las atribuciones del Centro Estatal de Reinserción Social; recordó que ésta es materia federal y consideró viable la creación del Centro Estatal de Vigilancia para el Cumplimiento de Medidas Cautelares y Supervisión de Libertad, como un órgano desconcentrado de la Secretaría de Seguridad.
Omar Ortega Álvarez del PRD advirtió que hay duplicidad de términos en el glosario, ambigüedad en la aplicación de la ley, posible discriminación, se hace mención de secretarías federales y no estatales, falta precisar las atribuciones de las autoridades administrativas y no se plantea de forma eficaz la supletoriedad de la ley.
Julio Hernández Ramírez de Morena advirtió que bastan y sobran casos de personas injustamente presas, destacó que hubo un trabajo importante para armar la propuesta y afirmó que no se trata de liberar a delincuentes, sino de hacer justicia.
Karla Fiesco Garcia del PAN pidió conocer la propuesta, hasta dónde tendrá efecto la regulación de delitos de salud, atender tratados internacionales, analizar la competencia y participación de la Legislatura en la ley.
Correa Hernández aclaró que el Legislativo tiene la facultad de otorgar amnistía y buscan instrumentarla a través de un juez de Ejecución de Penas del Poder Judicial, con el acompañamiento del Ejecutivo, de la Fiscalía General de Justicia y de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.
El gobernador, dijo, otorga el indulto y el Legislativo el olvido, mientras el Ejecutivo da preliberaciones y la propuesta es dar elementos a una comisión que ya funciona para dar seguimiento a personas preliberadas, a fin de buscar la reinserción, y considerar la evaluación del riesgo a cargo de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos.
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