La Ley de Amnistía en el Estado de México debe contemplar delitos de alto impacto porque en la entidad se criminalizan la juventud y la pobreza con acusaciones de ilícitos como el homicidio y el secuestro, advirtió Fabiola Vite, coordinadora del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero.
Al participar en el segundo día de parlamento abierto para discutir las iniciativas de Ley de Amnistía expuso que unas 19 mil personas podrían ser beneficiadas con esa norma y pidió dudar de un sistema de justicia que tiene a más de 30 mil personas en las cárceles, mientras los índices delictivos no bajan en la entidad.
El comisionado de Derechos Humanos en la entidad, Jorge Olvera respaldó la necesidad de una Ley de Amnistía, pidió no encarcelarse en prejuicios, tratar siempre a todos como personas. Llamó a no criminalizar, ni estigmatizar, y aseguró que esa norma no busca liberar a delincuentes, sino hacer justicia, pero también se requiere buscar alianzas y pactos sociales con los sectores laborales y económicos del Estado.
Fernando Cárdenas de la Fiscalía explicó que la amnistía es el olvido, pero se debe usar de manera excepcional; pues aplica para hechos pasados, pero pidió no perder de vista a las víctimas, ni limitar sus derechos y consideró que algunas hipótesis no se podrán aplicar.
También pidió tener cuidado de no invadir esferas de la Legislatura federal y falta determinar si se presentarán más pruebas, pues la intención es buena, pero quienes no deberían ser beneficiarios podrían intentar usar esa vía. Propuso dar seguimiento a quienes sean liberados.
Olvera también pidió revisar el tema de la interrupción legal del embarazo.
Piden dejar prejuicios
Fabiola Vite del Centro de Derechos Humanos del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero explicó que en territorio mexiquense hay personas injustamente presas, resultado de un sistema de criminaliza, excluye y discrimina.
Advirtió que la ciudadanía y los propios policías discriminan y criminalizan a las personas por su apariencia. Pidió dejar atrás prejuicios y llamó a los diputados locales a ser representantes populares.
El tema de los derechos de las víctimas, precisó, toca a la Fiscalía General de Justicia, pues es la responsable de garantizar que las personas imputadas sean las adecuadas, y no sean detenidas por el dicho de una persona que no saben si existe, mientras el Poder Judicial debe ponderar las pruebas, pues son las instituciones y no el pueblo quien debe rendir cuentas.
La Ley de Amnistía, añadió, es necesaria para reparar el daño y para hacer justicia a un sector vulnerado y revictimizado; una ley sui géneris para una impartición de justicia sui géneris, pero también una nueva oportunidad de investigar sin tortura, de reparar fallas y podría beneficiar a unas 19 mil personas.
Tras solicitar que no se criminalicen los derechos, recordó casos como el de Tlanixco y el de Atenco, donde las personas fueron acusadas de secuestro y homicidio y les fabricaron delitos de alto impacto, algunos salieron tras permanecer 15 años detenidos, por lo cual la ley debe contemplar todo tipo de delitos.
Con cifras del INEGI planteó que hay más de 29 mil personas privadas de su libertad que debe acceder a la justicia, y de ellas, 520 personas tienen alguna discapacidad, 307 son población de riesgo, 206 con padecimientos mentales y mientras el 65% de las personas privadas de su libertad fueron ingresadas entre los 18 y 29 años, el 75% es pobre y el 80% con una escolaridad de cero al noveno grado, es decir, de secundaria.
La conclusión, puntualizó, es que se criminaliza la juventud, la pobreza y la ignorancia, por lo cual se requiere una Amnistía que sirva y propuso una comisión de seguimiento con el apoyo de defensores de derechos humanos y dar al menos tres meses para los procedimientos de amnistía.
Ángeles Bravo del Frente Nacional por la Familia afirmó que están conscientes de que existen injusticias y nadie quiere cárceles sobrepobladas, pero consideró que es muy distinto hablar de perdón y advirtió que requieren garantías de que sus hijos no estarán en riesgo. Pidió que no exista olvido sobre la injusticia, saber cómo van a quedar los antecedentes de las personas, el seguimiento que les darán y dijo que en la entidad no hay mujeres presas por aborto.
Jazmin Flores abogada litigante advirtió que se debe garantizar la reparación del daño, integrar una comisión externa al Poder Judicial y a la fiscalía, pues buscan atender casos donde se han violado derechos, garantizar el derecho de petición, encaminar la política criminal a la prevención del delito, no a penas más altas; no crear más cárceles, ir a la prevención y sostuvo que la fiscalía es fabricadora de delitos y de órdenes de aprehensión, pues a algunos, cuando les dan libertad a algunas personas, les vuelven a fábricar otra orden y los detienen afuera del penal.
Fernando Cárdenas de la Fiscalía advirtió la necesidad de un sistema de reinserción social y de fortalecer el sistema judicial. Aseguró, a pregunta de los diputados, que el nuevo sistema ha mejorado y los casos son revisados, por lo cual ha habido desestimientos de la acción penal.
Olvera consideró que debe haber un sistema penitenciario que convoque a un pacto social para no estigmatizar a quienes reingresan a la sociedad porque cuando salen de prisión no se les contrata y se les estigmatiza.
