Toluca, México.- Al dar a conocer que la alerta de género podrá ser replanteada una vez que la federación entregue el diagnóstico que elabora, Rodrigo Espeleta Aladro, secretario de Justicia y Derechos Humanos, aseguró que se requiere fortalecer la prevención, pero aún no están definidos los cambios de estrategias ni se tiene claro la posibilidad de aumentar el número de municipios con alerta.
El dictamen que elabora la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), permitirá al gobierno mexiquense “a partir de ese dictamen relanzar la estrategia y darle más eficiencia,… pero la intención es que todo lo que hagamos sea conforme a los estándares internacionales y en específico, en el tema de alerta, los ejes que determina la propia alerta, pero también el de las nuevas masculinidades”.
Reconoció que las labores de prevención tienen que estar dirigidos a los municipios que ya cuentan con alerta de género, pero debe tener alcance a todas las demarcaciones mexiquenses y desde luego que el tema de las nuevas masculinidades está incluido, pues es la forma de concientizar a los hombres sobre el papel que juegan en la violencia contra las mujeres.
Rodrigo Espeleta insistió que se trabaja, los miércoles de cada semana, con los 11 municipios que tienen alerta de género, en mesas de coordinación, donde además de las autoridades municipales participan la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, la Secretaría de Movilidad y la de Justicia y Derechos Humanos, entre otras, para ver cuáles serían los cambios.
Reiteró que están en espera del diagnóstico que les entregará el gobierno federal para que, a partir de lo que se ha hecho, se puedan replantear o renovar las acciones.
“Tenemos que fortalecer el tema de prevención, en el tema de investigación se ha avanzado bastante bien –pensamos –pero tenemos que fortalecer el tema de prevención”.
No pierdan de vista –subrayó– que se acaba de expedir una ley en el tema de la desaparición de personas que establece diversas obligaciones para todas las entidades federativas, tenemos un plazo de 180 días, para hacer modificaciones legales, pero también ajustar instituciones y estructuras para cumplir con las nuevas disposiciones, concluyó.
