La puesta en marcha de la Ley de Outsourcing en México, aprobada en abril, ha sido lenta y turbulenta.
Así lo consideró Gilberto Sauza Martínez, presidente del Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales de la entidad (Concaem), quien aseveró que el registro para empresas y trabajadores que laboran bajo este esquema resulta inconsistente y limitado.
También subrayó que la aplicación de esta norma llega en uno de los momentos más complicados para las empresas en el país, y no es precisamente un incentivo para la generación de empleos.
“La puesta en operación de esta disposición aprobada en abril, ha sido lenta y turbulenta, pues la plataforma de registro para las empresas prestadoras de servicios de subcontratación, así como para los trabajadores, tiene inconsistencias y el avance al momento es limitado”, aseguró.
Ante ello, el representante empresarial propuso la prórroga para la puesta en marcha de estas disposiciones, para que no sea sólo de un mes, sino que se aplique de manera igualitaria a los entes gubernamentales; es decir, hasta enero de 2022.
Indicó que, es justo el gobierno quien tiene un mayor número de contrataciones en este esquema por lo que la iniciativa privada exige igualdad de circunstancias en la aplicación de la nueva normatividad, toda vez que el escenario económico y de salud que se enfrenta resulta adverso.
Al momento, precisó, son más de 3 millones de trabajadores en el país los que aún están bajo este esquema y que deben definir su situación ante estas nuevas disposiciones, sin embargo, la atención de los empresarios en este momento se centra en mantener las operaciones a flote.
Cabe mencionar que el 40% de los patrones registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), utiliza el outsourcing como método de contratación, lo que representa cerca de 400 mil empresas, de las cuales alrededor del 12% están ubicadas en territorio mexiquense.
