La Legislatura mexiquense declaró aprobadas las reformas constitucionales que sancionan la violencia política, impulsan la paridad de género en diversas normas, por lo cual fueron remitidas al Ejecutivo, a fin de que se publiquen y entren en vigor.
Las reformas impiden que desde el siguiente año agresores, acosadores y deudores alimentarios puedan ser candidatos a cargos de elección popular; impulsan la igualdad y el combate a la violencia política de género.
Con estos ajustes, desde el siguiente año, que es electoral, si un partido político incurre en ese tipo de violencia, podrá ser multado, según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el 50% del financiamiento público, e incluso con la pérdida del registro y la suspensión del cargo de la o el responsable de cometer ese tipo de violencia.
Los ajustes incluyen una nueva definición de violencia política de género, sanciones a quienes la cometan y buscan que la integración en todos los cargos públicos sea paritaria.
También se sancionarán las campañas violentas, las difamaciones y se podrán establecer medidas cautelares, entre ellas: ordenar la suspensión del cargo partidista, de la persona agresora y restituir la candidatura a la víctima.
Además se prohíbe dar candidaturas a quienes hayan sido condenados por violencia de género, delitos contra la libertad sexual y a deudores alimentarios, sean mujeres u hombres.
Hace unos días organizaciones y colectivos presionaron a los municipios y al Congreso local a hacer la declaratoria de aprobación de la minuta para que las reformas puedan ser publicadas y entren en vigor lo antes posible.
