Un predio ubicado en la calle El Salitre, esquina con la avenida Fray Gregorio Jiménez de la Cuenca, ha causado un conflicto legal entre un particular y el Ayuntamiento de Valle de Bravo.
Dicho inmueble ubicado a 50 metros del Embarcadero Municipal pertenece a la autoridad municipal; sin embargo por 32 años estuvo siendo ocupado por un privado, quien instaló un negocio.
En entrevista con este medio de comunicación, el dueño de la marisquería que se ubica en el predio en conflicto, Felipe Rodríguez Rodríguez aseguró que el predio no tiene ningún dueño.
Asegura que las acciones que ha emprendido el Ayuntamiento están fuera de la normatividad, acusando de ser víctima de un presunto abuso de autoridad.
"Tengo un negocio aquí en la calle del Salitre esquina con La Costera, Fray Gregorio Jiménez de la Cuenca, vendo cócteles de marisco, llevo en este lugar trabajando 32 años".
"El predio no tiene dueño, es un predio sin dueño y yo llevó trabajando 32 años ahí, y en ningún momento he querido adjudicar el terreno", explicó Rodríguez Rodríguez.
De esta marisquería son 10 familias las que dependen económicamente de la fuente de empleo que emana del predio en cuestión, por lo que, el cierre de este lugar afectaría su estabilidad económica.
Construirán Banco del Bienestar
Este 28 de junio, el Ayuntamiento de Valle de Bravo informó a través de un comunicado de prensa que el predio en cuestión es un espacio público perteneciente al municipio de Valle de Bravo.
Señala que fue recuperado de la posesión de un privado para beneficio de la sociedad, pues ahí se construirá el Banco del Bienestar donde se entregará el efectivo de los programas de asistencia social del Gobierno Federal.
"Les informamos que, en el marco de nuestra política de espacios públicos que son propiedad del Municipio de Valle de Bravo, el día de hoy recibimos el predio ubicado en Fray Gregorio Jiménez de la Cuenca esquina con la calle El Salitre", informó Michelle Núñez Ponce, presidenta municipal de Valle de Bravo.
Afectados alegan abuso de autoridad en el proceso
El pasado 1 de abril de 2022, personal del Ayuntamiento de Valle de Bravo suspendió las labores comerciales que se hacían en dicho predio con el argumento de que se había vencido la licencia de funcionamiento.
Por lo que se colocaron sellos de suspensión definitiva, para cancelar cualquier actividad comercial al interior del establecimiento.
"Sí, se me había vencido la licencia de funcionamiento, sin haberme notificado en algún momento anterior", reconoció el dueño del establecimiento. Sin embargo, para Felipe Rodríguez Rodríguez el proceso de suspensión estuvo lleno de irregularidades.
Desde el mes de febrero de este año, la gerencia del lugar había solicitado la renovación de su licencia de funcionamiento, pero, no cuentan con ningún comprobante que verifique dicho movimiento en las oficinas de Desarrollo Económico de Valle de Bravo.
"A mí caso se le está dando mucha impunidad. Por lo que pido seguir laborando, que se me restituya mi licencia de funcionamiento y seguir trabajando en el local", exigió Rodríguez Rodríguez.
El pasado 20 de julio de 2022, el Ayuntamiento retiró los sellos de suspensión definitiva, pero a nadie le fue posible regresar a practicar las actividades comerciales en el predio. Pues al día siguiente, una notificación llegó para desalojar el predio.
"Al final ellos (el Ayuntamiento) aceptan que están entregando el lugar, que me están entregando todo lo que se me había suspendido, pero al otro día llegan a quererme desalojar", refirió Angelica "N", encargada del lugar.
Dudoso funcionamiento de administraciones pasadas
Este establecimiento comercial estaba en funcionamiento desde hace 32 años, con la misma irregularidad en la posesión legal del predio.
En el 2019, la administración municipal 2019-2021 firmó un contrato de arrendamiento con los particulares de la marisquería, en donde se les otorgaba el permiso de ocupar este lugar para vender.
"Con la administración pasada (cuando gobernaba el PRI) se firmó un contrato, se firmó en 2019, y nosotros queremos que ese contrato se haga válido en esta administración (de MORENA)", refirió Angélica, la gerente del lugar.
Sin embargo, el contrato no se pudo refrendar en el 2020 y 2021 debido a la pandemia del Covid-19, por lo que, no existe continuidad del contrato de arrendamiento.
"Ya habían transcurrido unos dos años que estaba trabajando así, sin permiso", confesó Felipe Rodríguez Rodríguez.
"El Ayuntamiento (2019-2021) nos cobraba una renta pero como no hay con que comprobar que se les pagó esa renta, entonces, el Ayuntamiento actual (2022-2024) nos hacen una demanda y se abre un juicio", explicó Angélica.
Este problema no es exclusivo de un trienio pasado, sino que, desde hace 32 años, las anteriores administraciones solo se pedía el pago de la licencia de funcionamiento sin firmar ningún contrato de arrendamiento para ocupar el predio.
Por lo que, se presume una serie de irregularidades y omisiones de los servidores públicos pasados.
"A mi solo me pedían que pagará la licencia, estar al corriente con la licencia y sin problema alguno, no se me hacía ningún contrato de arrendamiento, simplemente que fuera al corriente con mis pagos", aseguró Angélica.
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