El Estado de México busca que la Suprema Corte de Justicia de la Nación le conceda la razón en la controversia constitucional promovida por el Gobierno del Estado de México contra la decisión de la Secretaría de Hacienda de utilizar el Censo 2020 del INEGI para calcular la entrega de participaciones federales, pues en él le cuentan un millón de habitantes menos
El secretario de Finanzas estatal, Rodrigo Jarque Lira afirmó, al concluir su comparecencia ante el Congreso local, que con esa decisión la entidad mexiquense se vería impactada con una disminución en sus participaciones de 4 mil 300 millones de pesos que también afectaría a los ayuntamientos.
Antes, el secretario general de Gobierno, Ernesto Nemer, durante su comparecencia, señaló que serán respetuosos, pero hasta ahora el cambio en el cálculo les ha afectado en más de 2 mil 400 millones de pesos y podría alcanzar los cuatro mil millones de pesos.
La controversia constitucional fue promovida por la entidad mexiquense porque la Secretaría de Hacienda utilizó el Censo 2020 para calcular la entrega de participaciones federales este año.
Con los datos tomados por Hacienda la entidad tendría más de 17 millones de habitantes para la estimación de las participaciones, prácticamente un millón menos de los más de 18 millones que se venían contemplando para calcular cuánto le correspondería al territorio mexiquense del Fondo General de Participaciones.
El Estado de México impugnó la elaboración, aprobación, publicación, resultados y omisiones en que incurrieron el Censo y el Marco de Muestreo de Viviendas, en lo relacionado al conteo poblacional para la entidad mexiquense.
En julio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concedió una suspensión, con lo cual, mientras se resuelve la controversia se utilizan los datos anteriores.
El titular de Finanzas señaló que están atentos a lo que decida la Suprema Corte, han realizado todo lo que pueden para cuidar el dinero de los mexiquenses.
Las fórmulas del reparto de participaciones, dijo, están muy claras en la ley de Coordinación Fiscal y depende de muchos elementos, entre ellos, de la población, la actividad económica, el crecimiento del PIB en relación con los demás estados.
