Los diputados locales buscan establecer en la Ley la garantía de que no se obligará a ningún docente en el Estado de México a realizar actividades diferentes a las educativas, a fin de que no sean usados por partidos políticos para fines distintos a los educativos.
Este jueves las comisiones legislativas analizaron la propuesta del diputado de Morena, Benigno Martínez, de reformar el artículo quinto constitucional, en la cual también se busca garantizar la educación desde el nivel preescolar al superior, la permanencia de los estudiantes, que la designación del personal docente y administrativo se realice al inicio de cada año escolar o semestre; así como que la educación sea inclusiva, equitativa, integral, gratuita y laica.
El diputado Gerardo Ulloa de Morena propuso hacer una reforma para insertar la palabra intercultural en la reforma, mientras Valentín González, de la misma bancada refirió que tras las reformas a varios artículos de la Constitución el estado de México deben armonizar las reformas federales con la Constitución estatal y la Ley reglamentaria y destacó que la reforma sintetiza las aspiraciones de los maestros y de la sociedad para una educación laica, inclusiva y universal.
También señaló que se plantean políticas públicas que ayuden a abatir el rezago, se dignifica el trabajo de los maestros para que no sean víctimas de hostigamiento, ni de chantajes y no se mezclen sus labores docentes con otras fuera de su actividad y que el sector magisterial no sea usado, ni manipulado para fines que no sean elevar el nivel educativo, al tiempo de dar paso a que la Ley local contemple cimientos y bases para los planes y programas, a fin de garantizar el derecho a la educación.
Max Correa, también de Morena, resaltó que la iniciativa retomó peticiones de los maestros de los últimos años y propuso ajustes al artículo quinto para que en la entidad la educación se oriente desde la niñez al cuidado del medio ambiente.
En tanto, el diputado Faustino de la Cruz de Morena dijo que la reforma otorga certeza jurídica, pero consideró que debe priorizarse la infraestructura, pues muchos planteles carecen de buenas instalaciones y la democratización del gremio sindical para que el sindicato deje de ser un cinturón de enlace con el poder, eliminar los fines políticos, a fin de que la educación y los docentes estén más allá de cuestiones partidarias, e impulsar una ley a la altura de los nuevos tiempos.
La diputada Karla Fiesco del PAN celebró que se busque homologar la ley estatal a la reforma federal, pero consideró que se debería ampliar el análisis porque faltan puntos como el reconocimiento salarial a los docentes, garantías en el proceso de selección promoción y reconocimiento del personal docente directivo y de supervisión y pedir la opinión de las Secretarías de Finanzas y Educación por el impacto presupuestal que tendrá.
Juan Jaffet Millán del PRI planteó que la propuesta ayuda a cumplir con homologar la ley estatal con la federal, pero pidió no confundir las reformas constitucionales con ajustes a la Ley de Educación y con políticas y pidió hacer un producto más acabado.
Claudia González Cerón del PRD pidió aclarar el tema de tener una universidad de la vida y el bachillerato indígena, el cual dijo, podría denominarse intercultural.
Benigno Martínez de Morena, autor de la propuesta afirmó que no se trata de homologar, sino de armonizar a la ley federal, admitió que se requiere más trabajo y explicó que seguirá el estudio de la reforma al artículo quinto.
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