El grupo parlamentario de Morena propuso ajustes a diversos ordenamientos, a fin de sancionar la violencia política, garantizar la paridad de género en las tribunas políticas y electorales, así como los derechos políticos en igualdad de condiciones entre mujeres y hombres.
Entre otras cosas, la iniciativa propone que las y los candidatos a gobernador, a alcaldes y diputados locales no deben estar condenadas, o condenado por el delito de violencia política contra las mujeres en razón de género.
Las reformas plantean actualizar la definición de violencia política contra las mujeres y ampliar las conductas que la expresan; incorporar la paridad en la conformación del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México y del Tribunal Electoral del Estado de México, señalar como atribuciones y obligaciones del IEEM y del TEEM desarrollar programas de género y respeto a los derechos humanos de las mujeres en el ámbito político electoral.
También propone la figura de disculpa pública como reparación del daño por las acciones que constituyan violencia política en razón de género, establecer facultades explícitas para el Instituto Electoral del Estado de México y el Tribunal Electoral del Estado de México para solicitar y otorgar medidas de protección a favor de las mujeres víctimas de violencia política.
La iniciativa incluye además el término “persona servidora pública” para ceñirlo dentro de los supuestos de abuso de funciones y la remisión a la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a fin de especificar las conductas a sancionar, plantea la obligación de aspirantes, candidatos y candidatas de abstenerse de ejercer violencia política contra las mujeres en razón género, plantea un procedimiento especial sancionador para casos de violencia política de género contra las mujeres e incorpora medidas cautelares y de reparación procedentes en caso de violencia política en razón de género contra las mujeres.
La iniciativa contempla establecer la obligación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México de compartir la información de que disponga, en términos de las disposiciones legales aplicables, para alimentar la Base Estadística Nacional de Violencia Política contra las Mujeres en razón de género, utilizar el lenguaje incluyente en las disposiciones a reformar y obligar a una conformación que prefiera al género femenino, cuando las instituciones o planillas sean integradas en número impar.
