Toluca, México.- En el Estado de México apenas 22 de los 125 municipios tienen ordenamientos ecológicos, cerca del 50% de las áreas naturales protegidas no tienen plan de manejo y de manera general las políticas ambientales no han evitado el cambio de uso de suelo, ni la protección de los mantos acuíferos. Tampoco han evitado la urbanización.
Durante el foro “Agua y Ordenamiento Ecológico-Territorial en el Estado de México” organizado por el diputado Max Correa de Morena especialistas advirtieron la necesidad de discutir el Plan de Ordenamiento y la política ambiental para garantizar el derecho humano al agua, pues solo se puso a consideración de la ciudadanía entre enero y febrero de este año, pero falta información actualizada, participación de la población y de las comunidades indígenas.
También alertaron que la nueva Ley de Asociaciones Público Privadas (APP) del estado de México es privatizadora, pues permite operar infraestructura de agua potable y dar concesiones hasta por 30 años con posibilidades de volverla a entregar por un plazo igual, es decir, hasta por 60 años.
Ciudadanos reprocharon que los sistemas comunitarios de agua han sido muy maltratados, advirtieron que deben tener más participación y acusaron que en algunos municipios los quieren despojar de territorio, o no permitir que las comunidades indígenas decidan a través de sus usos y costumbres.
Por si no lo viste | ¡Más cerveza para la cabeza! aumenta producción de cerveza artesanal en México
Además pugnaron porque los sistemas comunitarios tengan facultad de autoridad y puedan participar en programas de ordenamiento territorial, tener financiamiento público, pues la Ley general de Aguas ya lo prevé.
Denunciaron que la CONAGUA quiere que esos sistemas comunitarios cuenten con concesiones, cuando no son empresas, por lo cual plantean una nueva Ley general, al tiempo de que esos órganos rindan cuentas y sean transparentes.
Sobre explotan los mantos y no cuidan áreas naturales
Karina Jiménez de la organización Zeferino Ladrillero refirió que de acuerdo con el Registro Público de Agua al 28 de febrero del 2019 había 7 mil 294 concesiones de agua, la mayoría para uso agrícola, industrial, público urbano y la generación de energía eléctrica.
También dijo que la entidad es una de las 18 con programa de ordenamiento ecológico en fase de actualización, donde se definen metas y acciones, mientras solo 22 municipios tienen esos ordenamientos y la meta de este gobierno es que se formulen y expidan 80.
Advirtió que ese programa debe ser revisado y modificado para no vulnerar el derecho humano al agua y aumentar de cuatro a once las políticas de aprovechamiento, restauración, conservación y protección, con respeto a las áreas naturales protegidas, pues cerca del 50% no tienen plan de manejo.
Ejemplificó que hay más de 230 aprovechamientos de minería y 138 en la zona oriente que en su mayoría surgieron por el nuevo aeropuerto, incluso en áreas naturales protegidas, en zonas de restauración y de conservación y actualmente el plan de ordenamiento no garantiza el resarcimiento de daños, pues hay áreas que aun degradadas siguen con aprovechamientos y urbanización; por lo cual urgió a evitar la sobre explotación de acuíferos y a detener el desarrollo urbano en zonas.
Refirió que la mayor parte de conflictos son por actividades productivas y por la exigencia del derecho humano al agua.
Por su parte, Ricardo Ovando de Agua para Todos, Agua para la Vida advirtió que la Ley de APPs tiene tendencias privatizadoras y reprochó que no se ha reglamentado el derecho al agua. Propuso democratizar los sistemas municipales operadores de agua para que la gente forme parte de ellos, la reglamentación y reconocimiento de autoridades comunitarias.
Rebeca López advirtió que no hay vigilancia para garantizar que efectivamente se use lo que permiten las concesiones y reprochó que el uso de las vedas ha sido usado para intereses económicos, no de las comunidades
El diputado Max Correa dijo que les interesa modificar la ley, realizar otros foros para profundizar sobre el tema, que los sistemas comunitarios sean reconocidos.
