/ miércoles 10 de noviembre de 2021

Coinciden diputados en sancionar a quienes recluten a menores para cometer delitos

El PAN pidió tener cuidado con las sanciones propuestas a quienes les den empleo en sitios donde se venden bebidas alcohólicas.

Las y los diputados locales coincidieron en la necesidad de sancionar con mayor fuerza a quienes usen o recluten menores de edad para cometer delitos y el PAN pidió tener cuidado con las sanciones propuestas a quienes les den empleo en sitios donde se venden bebidas alcohólicas.

Al iniciar el análisis de la propuesta reformas el Código Penal para elevar las penas hasta en dos terceras partes, es decir, hasta 15 años de prisión, e incluir como delitos de alto impacto aquellos donde se utilicen menores para la comisión de ilícitos, planteada por la diputada Yesica Rojas Hernández de Morena las y los legisladores advirtieron la necesidad de proteger a las y los menores.

La iniciativa, señaló la proponente, permitiría fortalecer el marco normativo para proteger el interés superior de las y los niños, pues los índices delictivos van a la alza y cada vez es más habitual que menores sean usados para cometer ilícitos, aprovechando la vulnerabilidad y la pobreza, y entre 35 mil y 45 mil menores han sido reclutados por la delincuencia organizada, en cuya actividad tienen un promedio de vida de tres años.

Alertó que el uso de menores es un problema; por lo cual se requiere elevar las penas, pues las y los menores no deben ser usados para cometer ilícitos y el Estado debería garantizar su desarrollo. Pidió que la Fiscalía emita una opinión.

La iniciativa también plantea elevar las penas a 10 años de prisión cuando por cualquier medio se obligue, procure, induzca o facilite a una persona menor a realizar a través de cualquier medio y sin fines de lucro actos eróticos o sexuales, así como exhibiciones corporales, lascivas o sexuales, públicas o privadas y /o a quien emplee, aún gratuitamente, a personas menores de dieciocho años o que no tengan la capacidad de comprender el significado del hecho o de resistirlo.

Jesús Izquierdo del PRI planteó la necesidad de dar más fuerza a la iniciativa, mientras Gerardo Lamas del PAN advirtió que las penas propuestas de cinco a 10 años de cárcel a quienes empleen menores de edad en negocios donde se venden bebidas alcohólicas, son excesivas y serían más altas que las de otros delitos, por lo cual pidió analizar esa propuesta.

Mario Ariel Juárez de Morena señaló que el uso de menores para la comisión de delitos requiere sanciones enérgicas, mientras la diputada Paola Jiménez del PRI pidió cuidar algunos aspectos de la iniciativa y Omar Ortega del PRD respaldó el planteamiento en lo general.

Juana Bonilla de Movimiento Ciudadano señaló la necesidad de invitar a alguien de la Fiscalía para que enriquezca la propuesta y Rigoberto Vargas de Nueva Alianza comentó la necesidad de velar por el interés superior de las y los menores.

También se analizó la propuesta del PRD para ajustar el Código Civil, a fin de que en asuntos donde intervengan menores y se denuncien posibles hechos delictuosos que pudieran vulnerar o se vean afectados sus derechos e intereses, la autoridad judicial y la representación social, de manera inmediata realicen y orden los actos y medidas necesarias para salvaguardar a niñas, niños y adolescentes.

Las y los diputados locales coincidieron en la necesidad de sancionar con mayor fuerza a quienes usen o recluten menores de edad para cometer delitos y el PAN pidió tener cuidado con las sanciones propuestas a quienes les den empleo en sitios donde se venden bebidas alcohólicas.

Al iniciar el análisis de la propuesta reformas el Código Penal para elevar las penas hasta en dos terceras partes, es decir, hasta 15 años de prisión, e incluir como delitos de alto impacto aquellos donde se utilicen menores para la comisión de ilícitos, planteada por la diputada Yesica Rojas Hernández de Morena las y los legisladores advirtieron la necesidad de proteger a las y los menores.

La iniciativa, señaló la proponente, permitiría fortalecer el marco normativo para proteger el interés superior de las y los niños, pues los índices delictivos van a la alza y cada vez es más habitual que menores sean usados para cometer ilícitos, aprovechando la vulnerabilidad y la pobreza, y entre 35 mil y 45 mil menores han sido reclutados por la delincuencia organizada, en cuya actividad tienen un promedio de vida de tres años.

Alertó que el uso de menores es un problema; por lo cual se requiere elevar las penas, pues las y los menores no deben ser usados para cometer ilícitos y el Estado debería garantizar su desarrollo. Pidió que la Fiscalía emita una opinión.

La iniciativa también plantea elevar las penas a 10 años de prisión cuando por cualquier medio se obligue, procure, induzca o facilite a una persona menor a realizar a través de cualquier medio y sin fines de lucro actos eróticos o sexuales, así como exhibiciones corporales, lascivas o sexuales, públicas o privadas y /o a quien emplee, aún gratuitamente, a personas menores de dieciocho años o que no tengan la capacidad de comprender el significado del hecho o de resistirlo.

Jesús Izquierdo del PRI planteó la necesidad de dar más fuerza a la iniciativa, mientras Gerardo Lamas del PAN advirtió que las penas propuestas de cinco a 10 años de cárcel a quienes empleen menores de edad en negocios donde se venden bebidas alcohólicas, son excesivas y serían más altas que las de otros delitos, por lo cual pidió analizar esa propuesta.

Mario Ariel Juárez de Morena señaló que el uso de menores para la comisión de delitos requiere sanciones enérgicas, mientras la diputada Paola Jiménez del PRI pidió cuidar algunos aspectos de la iniciativa y Omar Ortega del PRD respaldó el planteamiento en lo general.

Juana Bonilla de Movimiento Ciudadano señaló la necesidad de invitar a alguien de la Fiscalía para que enriquezca la propuesta y Rigoberto Vargas de Nueva Alianza comentó la necesidad de velar por el interés superior de las y los menores.

También se analizó la propuesta del PRD para ajustar el Código Civil, a fin de que en asuntos donde intervengan menores y se denuncien posibles hechos delictuosos que pudieran vulnerar o se vean afectados sus derechos e intereses, la autoridad judicial y la representación social, de manera inmediata realicen y orden los actos y medidas necesarias para salvaguardar a niñas, niños y adolescentes.

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