“La violencia de género es la lucha del siglo XXI”, aseguró María Elena Orantes López, presidenta nacional del colectivo 50+1, quien se pronunció por la necesidad de alcanzar una paridad justa, libre y sin violencia.
Frente al proceso electoral 2020-2021, reconoció que la paridad cuantitativa es una lucha de todas las mujeres que ahora buscan la paridad cualitativa y consideró que ejercer un cargo político es una expresión de plenitud de los derechos de las mujeres.
Explicó que la 3 X 3 vs la Violencia busca evitar que deudores alimentarios, agresores sexuales, golpeadores o acosadores puedan ejercer algún cargo de elección popular, inscribirse a una convocatoria o concurso de oposición para ocupar un puesto ejecutivo en los tres niveles de gobierno y en los tres poderes públicos.
“No puedo imaginar, por ejemplo, a aquellos que están tomando decisiones en su municipio o legislando, haciendo una iniciativa de ley y actuando en lo privado con alguno de estos requisitos”, sostuvo.
En el inicio de los foros de análisis de la iniciativa 3 X 3 vs la Violencia, convocado por el colectivo de mujeres 50+1 en su capítulo Estado de México, en el cual participan legisladoras federales de todos los partidos políticos.
Ana Lilia Herrera Anzaldo destacó la importancia de escuchar a hombres comprometidos con las causas de las mujeres, pues son las causas para tener una mejor sociedad.
Para el titular del Poder Judicial, Ricardo Sodi Cuéllar, educar es la base de la construcción de toda la ciudadanía, si no educamos no vamos a poder alcanzar el equilibrio de roles, el adecuado ejercicio de las masculinidades y la perspectiva de género en la construcción de una sociedad para evitar discriminaciones.
Se pronunció por romper los roles estereotipados de hombre y mujer, además, buscar que el hombre realmente colaboren en todos los aspectos de la vida social igual que más mujeres para erradicar el machismo.
Celebró que la iniciativa 3 X 3 vs Violencia promueva estrategias legales para determinar que no haya deudores alimenticios, y estimó necesario crear un registro de deudores alimenticios que se vincule a otros trámites para que éste no prospere hasta que no cumplan con esa obligación.
“La deuda alimentaria es uno de los grandes lastres que tiene nuestra sociedad, hay una cultura machista del incumplimiento que no corresponde al rol de una sociedad avanzada pen vías de desarrollo”, aseveró.
Jorge Olvera García, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem), subrayó que la iniciativa busca garantizar la idoneidad de las personas que aspiran a ocupan cargos o permanecer en un cargo público.
Tiene el objetivo de sumar a las filas de funcionarios y representantes públicos, a personas éticas, respetuosas de las mujeres y de la dignidad humana, por lo cual se pronunció a favor de elevar los estándares de la ética pública y representen un símbolo de apoyo a las víctimas.
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