/ jueves 10 de diciembre de 2020

Combate a la corrupción debe dar resultados reales y tangibles en lo local

Se necesita fortalecer con personal, presupuesto y capacitación a las Fiscalías Anticorrupción para que los casos no queden sólo en la apertura de una carpeta

El combate a la corrupción debe empezar desde lo local con casos reales y cercanos al ciudadano, porque los casos emblemáticos dan muchos titulares a nivel nacional pero no se concretan en sentencias y, sobre todo, en la recuperación de activos para abonar a la credibilidad.

Luis Ángel Martínez Ramírez, especialista en temas de corrupción, transparencia y compliance (responsabilidad del cumplimiento) en Ethos Laboratorio de Políticas Públicas, afirmó que en México, la lucha contra la corrupción aún no llega a la etapa del castigo.

Los casos emblemáticos no tienen castigo, hablamos de tenas gigantes como Pío, Lozoya, Videgaray, Rosario, casi ninguno tiene una sentencia clara, se quedan en la cárcel más de tres años, cuestan mucho y no concluyen en la recuperación de los activos y el dinero que se les atribuye desviaron”, dijo.

Como parte de una investigación de los Sistemas Estatales Anticorrupción (SEA) en las entidades de Chihuahua, Guerrero, Michoacán y Estado de México, resaltó los pobres resultados obtenidos durante su existencia, además de que las partes involucradas se culpan unas a otras por las pocas sentencias logradas.

Destacó las cinco mil 275 carpetas iniciadas por la Fiscalía Especializada en Actos de Corrupción en 2018, de las cuales sólo se lograron 11 sentencias condenatorias, pero principalmente por actos de violación, homicidios y extorsiones en contra de elementos de las policías y las menos involucraron a servidores públicos.

Martínez Ramírez explicó que al tratar de encontrar la justificación a tan pobres resultados, se encontró que las fiscalías atribuyen a las auditorías de retener información y los tribunales no pueden sancionar porque las carpetas de investigación no se sostienen con pruebas y datos.

Al comentar los presupuestos destinados a esas instancias, comentó que cuesta mucho encontrar los informes, saber cuántas personas están en la cárcel por delitos vinculados a la corrupción y cuesta saber cuánto se ha invertido en esas instituciones.

Consideró que la Fiscalía Anticorrupción es la parte más importante del combate anticorrupción penal, porque es la parte investigadora de cualquier tema de corrupción, para integrar la acusación y erigirse, como represente de la sociedad, en la víctima que presenta un caso sólido, bien investigado y bien integrado.

Destacó la necesidad de fortalecer a estas fiscalías con presupuesto, recursos humanos y capacitación, porque para acabar con la corrupción se deben presentar casos concluidos con una sanción, porque es muy fácil llegar prometiendo acabar con la corrupción y después no sólo tolerarla, sino hasta justificarla.

Además, reiteró, a la sociedad se le va a convencer cuando se sancione al vecino, al representante de la colonia, a la autoridad municipal o estatal por actos de corrupción, porque entonces se dará cuenta de que sí es real la política anticorrupción.

El combate a la corrupción debe empezar desde lo local con casos reales y cercanos al ciudadano, porque los casos emblemáticos dan muchos titulares a nivel nacional pero no se concretan en sentencias y, sobre todo, en la recuperación de activos para abonar a la credibilidad.

Luis Ángel Martínez Ramírez, especialista en temas de corrupción, transparencia y compliance (responsabilidad del cumplimiento) en Ethos Laboratorio de Políticas Públicas, afirmó que en México, la lucha contra la corrupción aún no llega a la etapa del castigo.

Los casos emblemáticos no tienen castigo, hablamos de tenas gigantes como Pío, Lozoya, Videgaray, Rosario, casi ninguno tiene una sentencia clara, se quedan en la cárcel más de tres años, cuestan mucho y no concluyen en la recuperación de los activos y el dinero que se les atribuye desviaron”, dijo.

Como parte de una investigación de los Sistemas Estatales Anticorrupción (SEA) en las entidades de Chihuahua, Guerrero, Michoacán y Estado de México, resaltó los pobres resultados obtenidos durante su existencia, además de que las partes involucradas se culpan unas a otras por las pocas sentencias logradas.

Destacó las cinco mil 275 carpetas iniciadas por la Fiscalía Especializada en Actos de Corrupción en 2018, de las cuales sólo se lograron 11 sentencias condenatorias, pero principalmente por actos de violación, homicidios y extorsiones en contra de elementos de las policías y las menos involucraron a servidores públicos.

Martínez Ramírez explicó que al tratar de encontrar la justificación a tan pobres resultados, se encontró que las fiscalías atribuyen a las auditorías de retener información y los tribunales no pueden sancionar porque las carpetas de investigación no se sostienen con pruebas y datos.

Al comentar los presupuestos destinados a esas instancias, comentó que cuesta mucho encontrar los informes, saber cuántas personas están en la cárcel por delitos vinculados a la corrupción y cuesta saber cuánto se ha invertido en esas instituciones.

Consideró que la Fiscalía Anticorrupción es la parte más importante del combate anticorrupción penal, porque es la parte investigadora de cualquier tema de corrupción, para integrar la acusación y erigirse, como represente de la sociedad, en la víctima que presenta un caso sólido, bien investigado y bien integrado.

Destacó la necesidad de fortalecer a estas fiscalías con presupuesto, recursos humanos y capacitación, porque para acabar con la corrupción se deben presentar casos concluidos con una sanción, porque es muy fácil llegar prometiendo acabar con la corrupción y después no sólo tolerarla, sino hasta justificarla.

Además, reiteró, a la sociedad se le va a convencer cuando se sancione al vecino, al representante de la colonia, a la autoridad municipal o estatal por actos de corrupción, porque entonces se dará cuenta de que sí es real la política anticorrupción.

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