Activistas de la población Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Transgénero, Travesti e Intersexual (LGBT+) del Estado de México, solicitaron a la Legislatura local el esclarecimiento sobre el motivo que ha derivado en la falta de la promulgación de la iniciativa sobre la prohibición de terapias de conversión, así como la falta de aprobación en el Pleno de la Ley de Identidad de Género.
En conferencia de prensa realizada a las afueras del Palacio legislativo, el activista y coordinador de diversidad sexual de esperanza ciudadana por México, Leonardo Espinoza López, señaló que en ambos casos se vulnera los derechos humanos de la comunidad LGBT+.
Respecto a la falta de la promulgación de la iniciativa sobre la prohibición de terapias de conversión, Espinoza sostuvo que han pasado más cuatro meses desde que se aprobó, situación que deja en grave riesgo a las posibles víctimas.
“Ya pasaron más de cuatro meses desde que fue aprobada y no sabemos si tal vez el secretario de Asuntos Parlamentarios, Javier Domínguez Morales, no la envió a la Secretaría técnica del Gobierno de la entidad para su promulgación o si es una dilación del Gobierno del Estado de que no la quiera publicar”, explicó el activista.
Respecto a la falta de aprobación ante el Pleno legislativo de la Ley de Identidad de Género, el activista señaló que se trata de una omisión importante, pues ante la falta de ésta cientos de personas trans no tienen certeza jurídica.
Por su parte, la directora general de la Red de Defensores Diversos del Estado de México, Julieta Alcántara Méndez, expresó que se requiere que dicha aprobación sea tomada como prioridad a más tardar esta semana.
“Ya queremos que sea una realidad pero nos están dando largas, esperamos una fecha que nos asegure que se dará y si se puede hacer este jueves que tienen sesión, lo vamos a agradecer infinitamente porque toda la comunidad trans está en espera para que tengan certeza jurídica”, afirmó Julieta Alcántara.
“Como ciudadana pido que nos reconozcan como tal, yo creo que el reconocimiento es para que no nos veamos truncados en nuestra educación y nuestras actividades laborales, el punto más importante es tener el reconocimiento jurídico y con este atraso esto no se está dando”, Selene Baeza, mujer trans toluqueña y activista.
Marco jurídico
En octubre de 2020 el Congreso local aprobó penas de uno a tres años de prisión o de 25 a cien días de trabajo comunitario y de 50 a 200 días multa a quien someta, coaccione u obligue a otra persona a recibir o realizar procedimientos con la finalidad de cambiar su orientación sexual en la entidad mexiquense.
El dictamen fue aprobado por mayoría de votos.
Con dicha aprobación el artículo 211 del Código Penal del Estado de México establece como delito contra el libre desarrollo de la personalidad y la libertad sexual a quienes sometan, coaccionen u obliguen a otros a recibir o realizar procedimientos o métodos, con la finalidad de cambiar su orientación sexual, y derivado de esto se afecte su integridad física o psicológica.
Por su parte, la Ley de Identidad de Género fue aprobada en comisiones en diciembre pasado, sin embargo, todavía no se ha aprobado ante el Pleno.
La iniciativa reforma el artículo 3.1 y agrega el capítulo octavo al Código Civil mexiquense para que las personas transexuales puedan rectificar sus datos personales de nombre y sexo en sus actas de nacimiento, mediante un acto administrativo sin necesidad de ningún amparo.
