Toluca, México.- La presencia de la Policía Montada frente al palacio de gobierno en Toluca, fue interpretado por los habitantes de San Francisco Tlalcilalcalpan como un intento de intimidación de las autoridades estatales para que abandonaran el plantón sobre la avenida Lerdo de Tejada, en demanda de una respuesta a su solicitud de audiencia con el gobernador Alfredo del Mazo Maza.
Carlos Pérez Gómez, integrante del Frente Popular Revolucionario, indicó que la solicitud formal de audiencia con el gobernador se ingresó el pasado 16 de marzo, según lo demuestra el sello de la Coordinación de Atención Ciudadana en el documento correspondiente, el cual dijeron desconocer los elementos de la Secretaría General de Gobierno encargados de limitar el acceso de las personas a la sede del poder Ejecutivo mexiquense.
Los habitantes de San Francisco Tlalcilalcalpan iniciaron la marcha de este lunes en la avenida Adolfo López Mateos, justo en la desviación a Almoloya de Juárez, como un mecanismo de presión para obtener una respuesta a su petición de municipalización de su comunidad, una vez que cumplieron con los requisitos que les exigió el gobierno del estado para dar paso a la integración de la iniciativa correspondiente.
Como lo anunciaron hace poco más de una semana, insisten en la exigencia al gobernador Alfredo del Mazo Maza para que cumpla con el compromiso de municipalización de su comunidad y demandan castigo al despojo que sufrieron hace 10 días cuando fueron desalojados de la Plaza de los Mártires, además, apoyan la demanda de San Felipe de la Rosa para la creación del municipio 127, pues ellos serán el número 126 en territorio mexiquense.
Pérez Gómez indicó que diversos colectivos han decidido luchar juntos por sus demandas, como la donación al municipio de Temoaya del predio Rancho Cordero, propiedad del gobierno estatal, para la construcción de la Universidad Intercultural Indígena; así como el pago a campesinos del sur de la entidad del seguro agrícola correspondiente al año pasado, cuyo importe no les ha sido cubierto.
Además, agregó, se suman a la exigencia de los usuarios del transporte público en torno a que no se autorice el alza a la tarifa del transporte público, hasta en tanto no estén regularizadas al 100 por ciento las unidades y se cumplan los requisitos que cada les pone la autoridad a los empresarios para instalar cámaras de video vigilancia, botones de pánico y geolocalizador.
También que se cumpla, dijo, la promesa de tener unidades en buen estado, con choferes capacitados para brindar un buen servicio y, sobre todo, que se garantice la seguridad de los usuarios mediante un efectivo combate a la delincuencia.