La Corte Interamericana de Derechos Humanos retomó el caso de la defensora Kenia Hernández Montalván, recluída en el penal de alta seguridad de Morelos desde octubre del 2020, y señaló los peligros de los que es víctima, pues alertó que la criminalización de personas defensoras promueve un estigma colectivo y envía un mensaje intimidatorio.
A través de un comunicado, esa institución expresó su preocupación ante la violencia, intimidación y criminalización de personas defensoras, registrada durante los primeros cuatro meses del año en la región y llamó a los estados a garantizar un ambiente propicio y seguro para la defensa de los derechos humanos.
También advirtió que la región sigue siendo una de las más peligrosas para ejercer la labor de defensa de derechos humanos en el mundo.
Durante los primeros cuatro meses del 2022, la CIDH observó un alto número de asesinatos de personas defensoras de derechos humanos en varios países de la región, así como amenazas, ataques, hostigamientos, y procesos de criminalización por su legítima labor de defensa.
Caso Kenia
Kenia Hernández fue detenida el 6 de junio en la caseta de la Hortaliza, Valle de Bravo e ingresada al penal de Chiconautla en el Estado de México y posteriormente quedó libre; después la detuvieron el 18 de octubre en la caseta de Amozoc, Puebla y fue ingresada al penal de Almoloya de Juárez, también en la entidad, y el día 25 de ese mes giraron una nueva orden en su contra y fue trasladada a Acapulco. Actualmente está presa en Morelos.
Desde el 2019 es beneficiaria del Mecanismo Federal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y tuvo que desplazarse por una persecución política, e intentos de actos de judicialización que vivió en Guerrero.
En su comunicado, la CIDH señaló que conoció sobre la presunta criminalización de Kenia Inés Hernández Montalván en México, quien estaría procesada por al menos cinco causas penales, según información del Estado.
“Hernández Montalván es defensora indígena, coordinadora del Colectivo Libertario Zapata Vive e integrante del Movimiento Nacional por la Libertad de los Presos Políticos”, señaló.
En el documento, la Corte Interamericana señaló que la criminalización de personas defensoras promueve un estigma colectivo y envía un mensaje intimidatorio.
“A su vez, el inicio de investigaciones penales o querellas judiciales, sin fundamentos en contra de ellas, tiene un efecto amedrentador en su labor, y adicionalmente puede generar una paralización de su trabajo en la defensa de derechos humanos.
“En especial, cuando se trata de mujeres que realizan esta labor, la criminalización resulta inhibidor en las actividades de defensa que llevan a cabo, además aumenta y exacerba desigualdades sociales existentes”, mnciona el documento.
En la primera quincena de mayo, organizaciones de derechos humanos expresaron su preocupación por la continuidad en la criminalización y detención arbitraria de la activista y defensora Kenia Inés Hernández Montalván, recluída en el penal de alta seguridad de Morelos y acusada de los delitos de "ataque a las vías de comunicación en pandilla" y de "robo con violencia con uso de arma".
Las organizaciones acusaron la existencia de actos de discriminación en los procesos judiciales en su contra, derivados de su género y su pertenencia al pueblo indígena amuzga y señalaron que hay nueve causas penales en contra de Kenia: dos a nivel local en el Estado de México y siete en el ámbito federal en Guerrero, Guanajuato y Morelos.
