La extorsión ha llegado no solo a controlar precios de alimentos, materias primas y materiales de construcción, sino que ahora el crimen organizado ya realiza un censo de migrantes para cobrarles cuota a familiares, señaló el Fiscal General de Justicia del Estado de México, José Luis Cervantes Martínez.
Aceptó que en la zona sur de la entidad hay muchos sectores que son rehenes del crimen organizado, y por lo mismo, hay contabilidad paralela, una cosa es su contabilidad y otra es la del 12 por ciento para el huevo, aguacate, pollo y hasta herramientas.
“Ellos cobran en el parapente y hasta el metro de hectárea, inclusive en materiales de construcción como la arena y el transporte de la misma”, mencionó el titular de la FGJEM.
Y es que puntualizó, en esa región la ciudadanía tiene que comprar el material de construcción de ellos mismos en sus centros de distribución, pues si no, van y levantan al maestro de obra o se llevan a a los trabajadores si bien les va.
De hecho, recalcó Cervantes Martinez que ahora el crimen organizado está elaborado un censo de familias migrantes en esta zona d el Estado de México.
“Ahora ya les quieren cobrar por migrantes cantidades estratosféricas, no les voy a decir aquí cuánto porque no voy hacer apología de estos señores”, recalcó.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México afirmó que no se está quedando cruzada de brazos y por ello se propuso modificar el artículo 199 del el Código Penal para enfrentar la injerencia del crimen organizado en la economía y el consumo.
“Cuando extorsionan, las víctimas no quieren denunciar porque no hace nada la autoridad y no se quieren arriesgar por represarias, y ello lleva por ejemplo a los panaderos a comprar manteca en el mismo lugar donde compran el aceite vegetal porque si no les pasa algo”, agregó.
Con esta modificación a la ley, estableció Cervantes Martínez, se va actuar de oficio sin molestar a las víctimas, así se va a detectar el acaparamiento y la subida de precios sin motivo alguno, la distorsión en el mercado y los monopolios a través de un dictamen técnico de la Secretaría de economía.
“Esta iniciativa esperamos aprobada pronto y seremos el primer estado de la República con dientes que nos permitan hacer frente a la extorsión en el sur”, añadió.
Finalmente detalló que con esta nueva ley habrá penas de 5 a 6 años de cárcel y de 6 a 15 cuando quienes extorsionen de esta forma se ostenten como grupo criminal.
