/ lunes 13 de mayo de 2024

Cuatro municipios del Edomex con riesgo alto en las elecciones

Otros 26 están en riesgo medio y 95 en bajo por cuestiones como, padrón electoral, presencia de delincuencia organizada, grupos de choque e incidencia delictiva

Para las elecciones del 2 de junio, en el Estado de México hay cuatro municipios considerados en nivel de riesgo alto que son: Ecatepec, Toluca, Nezahualcóyotl y Naucalpan, entre otras cosas por ser los que tienen la lista nominal más alta, mayor incidencia delictiva, pero también presencia de delincuencia organizada y grupos de choque.

Dos son gobernados por Morena, otro por el PRI y uno más por el PAN.

Otros 26 están en nivel medio entre ellos: Tlalnepantla, Chalco, Valle de Chalco, Chimalhuacán, La Paz, Ixtapaluca, Huixquilucan, Nicolás Romero, Tecámac, Coacalco, Atizapán de Zaragoza, Tultitlán, Cuautitlán Izcalli, Zumpango, Tultepec, Tlalmanalco y Amecameca.

También están Chicoloapan, Tonanitla, Metepec, Texcoco, Almoloya de Juárez, Teoloyucan, Acolman, Sultepec y Texcaltitlán.

En el mapa, al cual este medio tuvo acceso, se anota que tanto Texcaltitlán como Sultepec son casos extraordinarios en el rango medio, por los sucesos ocurridos en diciembre del 2023, cuando pobladores se enfrentaron a integrantes de grupos delictivos que los extorsionaban en la zona sur de la entidad.

El resto de los ayuntamientos, que son 95, se ubican en nivel de riesgo bajo, entre ellos, varios del sur, como: Tejupilco, Coatepec Harinas, Luvianos, Ixtapan del Oro, Zacazonapan, Temascaltepec, San Simón de Guerrero y otros.

También están Valle de Bravo, San Felipe del Progreso, Villa Victoria, Malinalco, Tlatlaya, Almoloya de Alquisiras, entre otros.

Factores de riesgo

De acuerdo con el mapa de riesgos electoral, entregado al Instituto Electoral y presentado en la mesa de seguridad, la Secretaría de Seguridad estatal elaboró ese documento para identificar los factores que puedan generar problemas de orden público de seguridad en el proceso electoral 2024.

Para elaborarlo se definió una metodología con siete variables basada en los criterios de la dinámica político electoral, la conflictividad social y la seguridad pública.

Entre las variables se considera la lista nominal -que también contempla las colindancias y la competencia política, de acuerdo con los últimos resultados electorales- con un 5%; la incidencia delictiva con un 30%, la presencia de delincuencia organizada con un 30%, de colectivos y grupos sociales en un 5%, de grupos de choque con un 10%, antecedentes sociopolíticos un 10% e incidentes del proceso actual un 10%.

Delincuencia

En el mapa de riesgos se analiza cada variable, y en el rubro de presencia de delincuencia organizada se señala que en algunos municipios ese tema es un factor de riesgo que puede influir directamente en el proceso electoral para desincentivar el voto y tiene un valor de 30 puntos en el porcentaje, a partir de información de fuentes abiertas del área de inteligencia, sobre la presencia de grupos identificados en cada municipio; además se pondera el número de grupos delictivos. El mayor puntaje lo obtuvieron municipios con más diversidad de ellos.

Grupos de choque

En grupos de choque también se recabó información de la presencia de esas agrupaciones, de sus actividades en territorio mexiquense y se dio mayor valor a los municipios donde se han registrado alteraciones al orden público; de tal forma que entre más grupos tenga la demarcación, más puntaje le dieron las autoridades. También midió la afectación a la población por manifestaciones pacíficas, con bloqueos y violentas.

Otros factores

Asimismo se analizaron los antecedentes de incidencia en los procesos electorales 2021 y 2023 que pudieron vulnerar la participación en las elecciones, contemplando delitos electorales, información proporcionada por la Fiscalía mexiquense de medios de comunicación, lugares donde se evitó la instalación de casillas, amenazas y alteraciones al orden público y conflictos interpartidistas.

De igual forma, se contemplaron incidentes del proceso actual construido con los incidentes ocurridos, entre otros, a personal del Instituto Nacional Electoral (INE), conflictos de partidos y militantes, campañas negras, homicidios, amenazas a la vida y lesiones a candidaturas y a personas servidoras públicas.

Para las elecciones del 2 de junio, en el Estado de México hay cuatro municipios considerados en nivel de riesgo alto que son: Ecatepec, Toluca, Nezahualcóyotl y Naucalpan, entre otras cosas por ser los que tienen la lista nominal más alta, mayor incidencia delictiva, pero también presencia de delincuencia organizada y grupos de choque.

Dos son gobernados por Morena, otro por el PRI y uno más por el PAN.

Otros 26 están en nivel medio entre ellos: Tlalnepantla, Chalco, Valle de Chalco, Chimalhuacán, La Paz, Ixtapaluca, Huixquilucan, Nicolás Romero, Tecámac, Coacalco, Atizapán de Zaragoza, Tultitlán, Cuautitlán Izcalli, Zumpango, Tultepec, Tlalmanalco y Amecameca.

También están Chicoloapan, Tonanitla, Metepec, Texcoco, Almoloya de Juárez, Teoloyucan, Acolman, Sultepec y Texcaltitlán.

En el mapa, al cual este medio tuvo acceso, se anota que tanto Texcaltitlán como Sultepec son casos extraordinarios en el rango medio, por los sucesos ocurridos en diciembre del 2023, cuando pobladores se enfrentaron a integrantes de grupos delictivos que los extorsionaban en la zona sur de la entidad.

El resto de los ayuntamientos, que son 95, se ubican en nivel de riesgo bajo, entre ellos, varios del sur, como: Tejupilco, Coatepec Harinas, Luvianos, Ixtapan del Oro, Zacazonapan, Temascaltepec, San Simón de Guerrero y otros.

También están Valle de Bravo, San Felipe del Progreso, Villa Victoria, Malinalco, Tlatlaya, Almoloya de Alquisiras, entre otros.

Factores de riesgo

De acuerdo con el mapa de riesgos electoral, entregado al Instituto Electoral y presentado en la mesa de seguridad, la Secretaría de Seguridad estatal elaboró ese documento para identificar los factores que puedan generar problemas de orden público de seguridad en el proceso electoral 2024.

Para elaborarlo se definió una metodología con siete variables basada en los criterios de la dinámica político electoral, la conflictividad social y la seguridad pública.

Entre las variables se considera la lista nominal -que también contempla las colindancias y la competencia política, de acuerdo con los últimos resultados electorales- con un 5%; la incidencia delictiva con un 30%, la presencia de delincuencia organizada con un 30%, de colectivos y grupos sociales en un 5%, de grupos de choque con un 10%, antecedentes sociopolíticos un 10% e incidentes del proceso actual un 10%.

Delincuencia

En el mapa de riesgos se analiza cada variable, y en el rubro de presencia de delincuencia organizada se señala que en algunos municipios ese tema es un factor de riesgo que puede influir directamente en el proceso electoral para desincentivar el voto y tiene un valor de 30 puntos en el porcentaje, a partir de información de fuentes abiertas del área de inteligencia, sobre la presencia de grupos identificados en cada municipio; además se pondera el número de grupos delictivos. El mayor puntaje lo obtuvieron municipios con más diversidad de ellos.

Grupos de choque

En grupos de choque también se recabó información de la presencia de esas agrupaciones, de sus actividades en territorio mexiquense y se dio mayor valor a los municipios donde se han registrado alteraciones al orden público; de tal forma que entre más grupos tenga la demarcación, más puntaje le dieron las autoridades. También midió la afectación a la población por manifestaciones pacíficas, con bloqueos y violentas.

Otros factores

Asimismo se analizaron los antecedentes de incidencia en los procesos electorales 2021 y 2023 que pudieron vulnerar la participación en las elecciones, contemplando delitos electorales, información proporcionada por la Fiscalía mexiquense de medios de comunicación, lugares donde se evitó la instalación de casillas, amenazas y alteraciones al orden público y conflictos interpartidistas.

De igual forma, se contemplaron incidentes del proceso actual construido con los incidentes ocurridos, entre otros, a personal del Instituto Nacional Electoral (INE), conflictos de partidos y militantes, campañas negras, homicidios, amenazas a la vida y lesiones a candidaturas y a personas servidoras públicas.

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