Los diputados locales de Morena acusaron a la Concesionaria Mexiquense, S.A. de C.V. (“Conmex”), subsidiaria de Aleatica, de haber adquirido en 2009 un sistema de barrera móvil con cargo al Circuito Exterior Mexiquense con sobreprecio que se encuentra en desuso, abandonado y escondido; por lo cual pidieron investigar esa adquisición.
El diputado Faustino de la Cruz consideró que el sobreprecio podría constituir el pago de un soborno por la adjudicación del Viaducto Bicentenario en favor de Aleatica en una acción concertada entre servidores públicos y particulares.
A propuesta suya, por mayoría de votos el Congreso emitió un exhorto al gobernador mexiquense, Alfredo del Mazo para que informe por qué autorizó la compra, por qué no ha investigado y al Fiscal General, Alejandro Gómez le pidieron inicie una investigación de los hechos probablemente constitutivos de delito por la compra del sistema y el destino que el Gobierno le ha dado.
Además, pidieron conocer el fundamento jurídico de la compra, cómo, cuándo y dónde se ha utilizado, los beneficios y de paso, las razones por la cuales se adjudicó la concesión para la construcción, operación y mantenimiento del Viaducto Bicentenario en favor de Aleatica, a pesar de que existía por lo menos una propuesta de otro participante que era mejor para el Estado de México.
Faustino de la Cruz refirió que el 7 de agosto del 2009 el entonces Secretario de Comunicaciones estatal, Gerardo Ruiz Esparza suscribió con Conmex el Acuerdo 01/2009, a fin de adquirir maquinaria especializada para la gestión del tráfico hasta por 500 millones de pesos; y a realizar obras adicionales hasta por $350 millones, a cambio del reconocimiento de esas cantidades como inversión de Aleatica recuperable con cargo al Circuito Exterior.
Las “obras adicionales” fueron la construcción del Monumento Bicentenario en Toluca, cuya edificación, refirió, fue adjudicada directamente, pero su construcción no debió realizarse con cargo a ese proyecto carretero, sino ser licitada públicamente.
La adquisición
La adquisición del sistema de barrera móvil, explicó, fue realizada en parte con recursos de un crédito de Banobras, pero no directamente con el fabricante norteamericano (Barrier Systems, Inc.), sino con un intermediario, con una denominación casi idéntica a la del fabricante.
De acuerdo con la escritura pública 9147 del 7 de noviembre de 2007, otorgada ante Alfredo Bazúa Witte, Notario Público 230 de la Ciudad de México, presentada a inscripción en el Registro Público de Comercio de la Ciudad de México el 10 de diciembre de 2007 e inscrita en el folio mercantil 374842, se constituyó la Operadora Barrier Systems de México, S.A. de C.V. con una denominación casi idéntica a la del fabricante norteamericano (Barrier Systems, Inc.).
El diputado de Morena señaló que uno de los accionistas de esa Operadora y miembro de su consejo de administración es Ricardo Arturo San Román Dunne, quien, dijo, tiene una “estrechísima” relación de amistad con el ex gobernador Enrique Peña Nieto. Otro accionista y consejero es Jorge Antonio Haua Rachner, a quien también señaló como amigo de Peña Nieto.
Refirió que según Aleatica el sistema fue adquirido para el Gobierno del Estado de México, por lo cual la adquisición debió ser licitada públicamente, pero el contrato se adjudicó y la Operadora pagó al fabricante norteamericano cerca de 250 millones de pesos en 2009.
El legislador acusó que el Gobierno del Estado de México permitió que Aleatica registrara la compra del sistema de barrera móvil como inversión en el Circuito Exterior Mexiquense, por 485.4 millones de pesos con un sobreprecio injustificado.
Señaló que las máquinas no eran necesarias y por eso el Gobierno y Aleatica decidieron esconderlas debajo de un puente en el Circuito Exterior Mexiquense y la Av. Central, muy cerca de la caseta de cobro auxiliar A5 (Hank González), donde permanecen abandonadas desde el 2009.
“Echándose a perder inútil e irremediablemente, mientras Aleatica recupera el costo de las mismas con cargo al Circuito Exterior Mexiquense, junto con un rendimiento de 10% anual adicional a la inflación”. Las máquinas han pasado ahí, arrumbadas, la mitad de su “vida útil”, que es de 20 años, por lo cual se ha generado y se sigue generando un quebranto para la hacienda pública estatal”, afirmó.
También advirtió que al no haber adjudicado el Viaducto Bicentenario a quien hacía la mejor oferta podría haber un quebranto para el gobierno, pues habría dejado de recibir por concepto de contraprestación inicial, entre 2010 y 2018 unos 1, 629 millones de pesos.
La bancada del PRI propuso que el exhorto no se hiciera al gobernador, sino a la Secretaría de Comunicaciones y consideró que no debían solicitar la investigación a la Fiscalía. Ellos y el PVEM votaron en contra.
