Toluca, México.- En el verano de 2016, docenas de padres y madres ofrendaron fotografías y mensajes en pedazos de papel, donde se reflejaba el dolor por sus hijos e hijas asesinadas en el Estado de México.
La imagen ocurrió frente a la Fiscalía General de Justicia. Son familias que salen a las calles para exigir justicia, llaman a periodistas, organizan protestas, buscan ser visibles. Es un nuevo fenómeno del activismo obligado de quienes son tocados por la delincuencia y violencia.
El retraso y fallas en procesos penales, así como la impunidad en el seno de las instituciones mexiquenses orilla cada vez más a este activismo. La realidad no cambia y obliga a que los civiles se sumen a movimientos y búsqueda de datos como su única forma de hallar respuestas, indica la abogada Ana Yeli Pérez Garrido, asesora jurídica del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF).
En los juzgados mexiquenses suele no haber sentencias finales, ni garantía de haber conseguido justicia después del fallo de un juez, afirma la especialista.
Las investigaciones están mal hechas, entonces una sentencia puede caer en un amparo y aunque está en la estadística de sentencias, no está garantizada.
Ana Yeli Pérez Garrido, asesora jurídica del OCNF
PROTESTA
Era junio de 2016, cuando los padres y madres de familia acudieron a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. La noche era inminente y el cielo amenazaba con lluvia. La movilización llegó en pequeños grupos cargando mantas, flores y fotografías.
Ahí estaban quienes reclamaban la desaparición o asesinato de sus hijas e hijos. En la escalinata de la Fiscalía su petición fue clara: un juicio en contra de los victimarios. En los meses siguientes la realidad de feminicidios y asesinatos persistiría en suelo mexiquense.
Pérez Garrido confirma que la impunidad absorbe cada vez más los procesos de investigación de personas desaparecidas y asesinadas, sobre todo de mujeres.
La falta de capacidad para hacer cumplir las leyes, es lo que hace que las familias se desesperen, en verdad no hay Estado, formalmente hay un Ministerio Público, pero es inepto, porque los casos que llega a tomar los pierde, deja salir a los asesinos, porque hay impunidad y corrupción.
Ana Yeli Pérez Garrido, asesora jurídica del OCNF
El Índice Global de Impunidad México 2016 (IGI-MEX), elaborado por la Universidad de las Américas de Puebla (UDLAP) y el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia de la misma entidad, advierte que el Estado de México presenta un alto grado de impunidad (76.48%), arriba da la media nacional. Variable que resulta del análisis de las carpetas de investigación iniciadas y el número de sentenciados en primera instancia.
Además, la entidad mexiquense registra un 19.9% de encarcelamientos respecto de las carpetas de investigación iniciadas por homicidio, debajo de la media nacional del 27.5%.
Pérez Garrido insiste que los padres y madres salen a las calles convertidos en activistas, porque el mismo Estado los obliga.
“Aquí la primera lucha es contra el Estado, salen a las calles por la falta de respuesta de las autoridades en los procesos de búsqueda de justicia y la falta de capacidad de los funcionarios que aplican las leyes”, puntualiza en una entrevista realizada este año.
ÁNGELO EMMANUEL
Las palabras de la abogada del OCNF encuentran una evidencia en casos como el de Ángelo Emmanuel Martínez, estudiante de arquitectura, asesinado el 31 de diciembre de 2014 en el centro histórico de Metepec.
El asesinato quedó grabado en las videocámaras de la policía municipal. Incluso, de acuerdo con las primeras diligencias ministeriales, los dos presuntos victimarios aceptaron su culpabilidad.
Sin embargo, en abril de 2016, dos años después de iniciar el proceso judicial y a unas semanas de lograr la sentencia, magistrados del Poder Judicial de la entidad revocaron el fallo y dejaron en libertad a las dos personas que habían sido declaradas como culpables del asesinato.
Esta decisión fue efímera, pues vía un amparo la familia de Ángelo Emmanuel logró que el Tribunal Superior de Justicia rectificará y nuevamente se declarará la culpabilidad de los dos sujetos implicados.
Miguel Ángel Martínez Medina y Fany Juárez Zúñiga, padres de Ángelo, son los protagonistas de esta lucha. Han encabezado protestas, acudido a constantes citas con abogados y agentes ministeriales. No sólo tocan puertas, sino los portones del Poder Judicial. Y han logrado que se abran.
No obstante, a la fecha continúan prófugas las dos personas declaradas como culpables.
FÁTIMA VARINIA
Lorena Gutiérrez, madre de Fátima Varinia, ha vivido una pesadilla similar en la búsqueda de justicia para su hija.
En junio de 2017, dos años después del feminicidio de la menor de 12 años, asesinada el 5 de febrero de 2015 en el municipio de Lerma, uno de los tres implicados fue liberado por falta de pruebas.
El caso de Fátima está documentado como uno de los feminicidios más graves, a nivel nacional, pero Lorena insiste en la justicia.
DOLOR
Enrique Navarrete Sánchez, sicólogo y catedrático de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), explica que el dolor por la muerte de un familiar se recrudece cuando se trata de una víctima de homicidio.
Explica que el activismo de los padres y madres estaría sumando esos dolores y frustraciones por las pérdidas en casos similares, con lo cual se evita sentirse solos.
“(El dolor) Lo traducimos en acciones válidas, comenzamos a protestar respecto de la ausencia de políticas compensatorias, en función de las pérdidas que tenemos al interior de cada familia”, argumenta Navarrete.
El dolor de los padres activistas puede ser temporal o permanente, dice. El primero se refiere al luto, y el segundo a la lucha que acarrean toda su vida y los hace protestar en las calles.
“Para el Estado la pérdida de un hijo, puede representar un número, una estadística, pero para la familia representa un ser, entonces esa discrepancia también le causa dolor a las familias”, agrega el también doctor en terapia familiar.
Con la falta de respuesta de las instituciones de justicia ocurre en los padres la frustración, que es el sentimiento más peligroso. Comienzan las múltiples interpretaciones de una realidad y los cuestionamientos.
“Lo que espera un padre de un hijo asesinado, desaparecido, es una explicación en torno a lo que ha vivido, explicame tú Estado cómo lleno mi vacío, dónde estabas tú cuando ocurrió”, apunta.
En su opinión, es necesario construir un acompañamiento en el proceso del duelo, desde las instituciones, con el fin de que no exista la doble victimización.
CIFRAS
Otra muestra de la violencia que sufren las familias mexiquenses son las estadísticas sobre feminicidios.
Este delito, en un lapso de siete años, tuvo un repunte del 32%, al pasar de 43 denuncias en 2011 a 57 en 2017, revelan las cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).
La mayoría de estos ataques ocurrieron con violencia física, incluso con tortura.
Feminicidios en el Edomex
2011 (parcial): 43
2012: 46
2013: 38
2014: 47
2015: 61
2016: 68
2017: 57
2018 (parcial): 51
