/ martes 17 de mayo de 2022

“Débil” la aplicación del Estado de Derecho en el Edomex: World Justice Project

A nivel nacional, la entidad mexiquense ocupa el lugar 28 de 32, en cuánto a la aplicación del Estado de Derecho por parte de sus instituciones gubernamentales

El Estado de Derecho que propician las instituciones gubernamentales en la entidad mexiquense es “débil” en comparación con la aplicación del mismo en otros estados de la República.

De acuerdo con el Índice de Estado de Derecho en México 2021-2022, creado por el World Justice Project (WJP), el Edomex ocupa el sitio 28 de las 32 entidades federativas en cuanto a la aplicación del Estado de Derecho mexiquense.

En su escala de medición, que va del 0 (donde es débil) al 1 (donde son más fuertes), el Estado de México obtuvo .36 durante la evaluación 2021-2022, colocándolo por encima de entidades como Ciudad de México, Quintana Roo, Morelos y Guerrero.

Este índice retoma datos de tres fuentes distintas: encuesta a población general, encuestas a especialistas y fuentes oficiales.

Dicha calificación obtenida por la entidad mexiquense se debe a un aspecto multifuncional que recae en diversos actores políticos y acciones que repercuten directamente en la toma de decisiones de la vida cotidiana.

Corrupción

En entrevista con este medio, el catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), Erick Velázquez García, explicó que las fallas o los déficits en la aplicación del Estado de Derecho se deben a actos relacionados con la corrupción o la falta de capacidad de atención de las instituciones gubernamentales.

“Si el Estado de Derecho está fallido, padece déficits, como los ha padecido en México desde siempre, es por la corrupción, por la falta de capacidad de quienes tienen a su cargo la aplicación de la ley”.

“Pues violan el Estado de Derecho, desde los policías que reciben 50 pesos para no multar, hasta los gobiernos cuando no cobran impuestos a ciertas personas”, explicó el catedrático.

Papel de los ayuntamientos

Para expertos en el tema como Arturo Huicochea Alanís, director general del IAPEM, la solución para revertir estos indicadores se encuentra en la autoridad más próxima a la ciudadanía: los ayuntamientos.

Pues un Estado de Derecho se construye de abajo hacia arriba para su adecuada aplicación en la vida cotidiana.

“El Estado de Derecho, como el mismo Estado, se construyen de abajo hacia arriba, es una pirámide, de tal manera que mayor parte de la tarea para hacer que el Estado de Derecho se cumpla tiene que ocurrir en el ámbito más cercano a la ciudadanía, que es en el ámbito municipal”, argumentó.

Por lo que no todo parecería estar mal en la aplicación del Estado de Derecho mexiquense, sólo se tienen que retomar indicadores como los publicados por el WJP para orientar los esfuerzos en aquellos aspectos en los que se adolece.

“Al Estado de México se le compara con más entidades federativas y es la entidad donde es más difícil que los indicadores cambien en el corto plazo de manera natural, es una entidad muy grande a diferencia de otros”.

“(Por lo que) tenemos que identificar cuáles son los aspectos que están lastrando al Estado de México y cuáles son aquellos donde sí se está avanzando”, explicó Huicochea Alanís.

El objetivo del WJP al hacer dicho Índice es que este sirva para identificar las fortalezas y debilidades de cada entidad, así como para fomentar el diseño e implementación de políticas públicas que fortalezcan el Estado de Derecho en México.

Resultados

De acuerdo con el documento exclusivo, entregado a la Organización Editorial Mexicana (OEM), son ocho rubros los evaluados por parte de la WJP para conocer las condiciones en las que se aplica y vive el Estado de Derecho en México.

En estos se evalúan los límites del poder gubernamental, derechos humanos, impartición de justicia, combate a la corrupción, seguridad, transparencia y funcionamiento de las leyes y procedimientos.

Los rubros en los que la entidad mexiquense salió “mejor” evaluada son: “Gobierno Abierto”, al obtener .49 de calificación; “Derechos Fundamentales” con el .45 de calificación; “Límites al Poder Gubernamental” con el .39; y el “Cumplimiento Regulatorio” con .37 de calificación.

Mientras que dónde “peor” calificación obtuvo la entidad fue en los rubros: “Justicia Civil” con .35 de calificación, “Justicia Penal” y “Ausencia de Corrupción” con el .30 de calificación, y “Orden y Seguridad” con .26 de calificación.

Por lo que, ambos entrevistados coincidieron en que los problemas que se ven a diario, conciernen al tema de inseguridad, siendo el punto más visible de la debilidad del Estado de Derecho en la entidad mexiquense.

“El aumento de la inseguridad a nivel estatal quiere decir que están fallando los mecanismos de control social, que son las instituciones, los cuales forman parte del Estado de Derecho, ya sea por corrupción o por deficiencia”, refirió Velázquez García.

“Una de las cosas que persisten como un grave problema son ciertos desafíos como el robo en el transporte público, por ejemplo, la permanencia de la violencia en las calles, en los asuntos de la vida cotidiana”, coincidió Huicochea Alanís.

¿Qué se evalúa en cada rubro?

Por rubros, a nivel nacional la entidad mexiquense obtuvo las siguientes posiciones: 15 en cuánto al “Gobierno Abierto”, 17 por el “Cumplimiento Regulatorio”, y 18 en “Justicia Penal” y “Justicia Civil”.

Mientras que por “Derechos Fundamentales” ocupó el sitio número 25 a nivel nacional, el número 26 por “Límites al Poder Gubernamental”, y el 31 por “Ausencia de Corrupción” y “Orden y Seguridad”.

En el rubro de “Gobierno Abierto” se evalúa la participación ciudadana y el derecho a la información pública, siendo la entidad número 15 a nivel nacional en este rubro por lo individual.

En el caso de “Derechos Fundamentales”, donde la entidad mexiquense obtuvo el sitio 25 a nivel nacional, los aspectos evaluados son: los derechos a la vida y la seguridad, a la privacidad y los laborales, el cumplimiento del debido proceso legal, las libertades de expresión, religiosa y de asociación, y la ausencia de discriminación.

En cuanto a los “Límites al Poder Gubernamental”, la entidad mexiquense fue colocada en el lugar 26. Y se evaluaron los temas de la eficacia del poder legislativo y judicial, así como de los órganos de control para ser un contrapeso, las sanciones por abuso de poder, la legalidad en las elecciones y el contrapeso eficaz de las instancias no gubernamentales.

Por el “Cumplimiento regulatorio” que se tiene en la entidad mexiquense, obtuvo el lugar 17 a nivel nacional, al ser evaluados los siguientes aspectos: el cumplimiento regulatorio eficaz y libre de corrupción, los procedimientos administrativos eficientes, el debido proceso en procedimientos administrativos, y los derechos de propiedad.

A nivel nacional, la entidad mexiquense ocupó el lugar número 18 en cuánto al rubro de “Justicia Civil”, al ser evaluados los siguientes tópicos: las personas conocen sus derechos, el acceso a información y asesoría legal asequible, la justicia civil asequible, sin procesos burocráticos, imparcial, independiente, libre de corrupción, de calidad y expedita, así como la ejecución efectiva de las resoluciones en materia civil y MASC accesibles, imparciales y expeditos.

En “Ausencia de Corrupción” se evaluó la ausencia de corrupción en el ejecutivo, judicial, legislativo y en las instituciones de seguridad y procuración de justicia, obteniendo el lugar 31 a nivel nacional.

Mientras que por “Justicia Penal” se evalúan la eficacia y eficiencia de la investigación penal, de la procuración e impartición de justicia, así como los derechos de las víctimas el debido proceso legal, la justicia penal imparcial, independiente y libre de corrupción, y al sistema penitenciario seguro y respetuoso de los derechos humanos. En este rubro, la entidad mexiquense quedó en el lugar 18 a nivel nacional.

Por último, en el rubro de “Orden y Seguridad”, dónde el Estado de México es el número 31 a nivel nacional por obtener .26 de calificación, se evalúan los aspectos de ausencia de homicidios y de crimen, y que las personas se sientan seguras.

Retos y soluciones

Para el catedrático de la Facultad de Derecho de la UAEM, la solución para revertir los indicadores del WJP tiene que ser en un plano legislativo, actualizando los ordenamientos estatales para garantizar su adecuada aplicación.

“Se tiene que hacer una revisión exhaustiva a la Constitución del Estado de México en materia de democracia, al artículo tercero, décimo, décimo segundo y 77 de la Constitución estatal”.

“También se tienen que hacer revisiones a los códigos estatales, para darles más garantías de aplicación a la ciudadanía de un Estado de Derecho”, refirió Velázquez García.

Sin embargo, también se debe de replantear el quehacer de los gobiernos locales, pues son la primera instancia en donde se quebranta el Estado de Derecho.

“Hay una cosa que en el Estado de México es urgente, que es implementar el modelo homologado de justicia cívica, que es un programa del gobierno federal y una disposición de la Constitución Federal que obliga a los Ayuntamientos a atender y resolver en etapa temprana todos los conflictos que surgen del trato cotidiano en la vida comunitaria”, explicó Huicochea Alanís.

Conflictos familiares y civiles, y temas puntuales como los feminicidios, la violencia en los hogares, el robo al transeúnte, robo en el transporte público, deben de tener una atención temprana a través de la Justicia Cívica.

Y, a nivel municipal, esta responsabilidad recae en la función del juez calificador.

“Se ha malinterpretado esta figura muchas veces, lo que hace un juez calificador es recibir a una persona que cometió una falta administrativa y calificar esa falta administrativa para que esa persona pague su falta, en la mayoría de las veces con recursos económicos”.

“De tal manera que hay quien piensa y hay quien usa como una instancia de recaudación de ingresos líquidos de dinero rápido para el gobierno municipal”, detalló Huicochea Alanís.

Por lo que, realizando este cambio de concepción y de responsabilidades en los gobiernos municipales, repercutirá directamente en los asuntos que llegan a ser tratados por la Justicia Penal.

Y como si fuera una cadena de acción-reacción, instancias como la Fiscalía no presentarían tantas fallas en su funcionamiento, mejorando los índices de deficiencia que se presentan en el Estado de Derecho de la entidad mexiquense.

El Estado de Derecho que propician las instituciones gubernamentales en la entidad mexiquense es “débil” en comparación con la aplicación del mismo en otros estados de la República.

De acuerdo con el Índice de Estado de Derecho en México 2021-2022, creado por el World Justice Project (WJP), el Edomex ocupa el sitio 28 de las 32 entidades federativas en cuanto a la aplicación del Estado de Derecho mexiquense.

En su escala de medición, que va del 0 (donde es débil) al 1 (donde son más fuertes), el Estado de México obtuvo .36 durante la evaluación 2021-2022, colocándolo por encima de entidades como Ciudad de México, Quintana Roo, Morelos y Guerrero.

Este índice retoma datos de tres fuentes distintas: encuesta a población general, encuestas a especialistas y fuentes oficiales.

Dicha calificación obtenida por la entidad mexiquense se debe a un aspecto multifuncional que recae en diversos actores políticos y acciones que repercuten directamente en la toma de decisiones de la vida cotidiana.

Corrupción

En entrevista con este medio, el catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), Erick Velázquez García, explicó que las fallas o los déficits en la aplicación del Estado de Derecho se deben a actos relacionados con la corrupción o la falta de capacidad de atención de las instituciones gubernamentales.

“Si el Estado de Derecho está fallido, padece déficits, como los ha padecido en México desde siempre, es por la corrupción, por la falta de capacidad de quienes tienen a su cargo la aplicación de la ley”.

“Pues violan el Estado de Derecho, desde los policías que reciben 50 pesos para no multar, hasta los gobiernos cuando no cobran impuestos a ciertas personas”, explicó el catedrático.

Papel de los ayuntamientos

Para expertos en el tema como Arturo Huicochea Alanís, director general del IAPEM, la solución para revertir estos indicadores se encuentra en la autoridad más próxima a la ciudadanía: los ayuntamientos.

Pues un Estado de Derecho se construye de abajo hacia arriba para su adecuada aplicación en la vida cotidiana.

“El Estado de Derecho, como el mismo Estado, se construyen de abajo hacia arriba, es una pirámide, de tal manera que mayor parte de la tarea para hacer que el Estado de Derecho se cumpla tiene que ocurrir en el ámbito más cercano a la ciudadanía, que es en el ámbito municipal”, argumentó.

Por lo que no todo parecería estar mal en la aplicación del Estado de Derecho mexiquense, sólo se tienen que retomar indicadores como los publicados por el WJP para orientar los esfuerzos en aquellos aspectos en los que se adolece.

“Al Estado de México se le compara con más entidades federativas y es la entidad donde es más difícil que los indicadores cambien en el corto plazo de manera natural, es una entidad muy grande a diferencia de otros”.

“(Por lo que) tenemos que identificar cuáles son los aspectos que están lastrando al Estado de México y cuáles son aquellos donde sí se está avanzando”, explicó Huicochea Alanís.

El objetivo del WJP al hacer dicho Índice es que este sirva para identificar las fortalezas y debilidades de cada entidad, así como para fomentar el diseño e implementación de políticas públicas que fortalezcan el Estado de Derecho en México.

Resultados

De acuerdo con el documento exclusivo, entregado a la Organización Editorial Mexicana (OEM), son ocho rubros los evaluados por parte de la WJP para conocer las condiciones en las que se aplica y vive el Estado de Derecho en México.

En estos se evalúan los límites del poder gubernamental, derechos humanos, impartición de justicia, combate a la corrupción, seguridad, transparencia y funcionamiento de las leyes y procedimientos.

Los rubros en los que la entidad mexiquense salió “mejor” evaluada son: “Gobierno Abierto”, al obtener .49 de calificación; “Derechos Fundamentales” con el .45 de calificación; “Límites al Poder Gubernamental” con el .39; y el “Cumplimiento Regulatorio” con .37 de calificación.

Mientras que dónde “peor” calificación obtuvo la entidad fue en los rubros: “Justicia Civil” con .35 de calificación, “Justicia Penal” y “Ausencia de Corrupción” con el .30 de calificación, y “Orden y Seguridad” con .26 de calificación.

Por lo que, ambos entrevistados coincidieron en que los problemas que se ven a diario, conciernen al tema de inseguridad, siendo el punto más visible de la debilidad del Estado de Derecho en la entidad mexiquense.

“El aumento de la inseguridad a nivel estatal quiere decir que están fallando los mecanismos de control social, que son las instituciones, los cuales forman parte del Estado de Derecho, ya sea por corrupción o por deficiencia”, refirió Velázquez García.

“Una de las cosas que persisten como un grave problema son ciertos desafíos como el robo en el transporte público, por ejemplo, la permanencia de la violencia en las calles, en los asuntos de la vida cotidiana”, coincidió Huicochea Alanís.

¿Qué se evalúa en cada rubro?

Por rubros, a nivel nacional la entidad mexiquense obtuvo las siguientes posiciones: 15 en cuánto al “Gobierno Abierto”, 17 por el “Cumplimiento Regulatorio”, y 18 en “Justicia Penal” y “Justicia Civil”.

Mientras que por “Derechos Fundamentales” ocupó el sitio número 25 a nivel nacional, el número 26 por “Límites al Poder Gubernamental”, y el 31 por “Ausencia de Corrupción” y “Orden y Seguridad”.

En el rubro de “Gobierno Abierto” se evalúa la participación ciudadana y el derecho a la información pública, siendo la entidad número 15 a nivel nacional en este rubro por lo individual.

En el caso de “Derechos Fundamentales”, donde la entidad mexiquense obtuvo el sitio 25 a nivel nacional, los aspectos evaluados son: los derechos a la vida y la seguridad, a la privacidad y los laborales, el cumplimiento del debido proceso legal, las libertades de expresión, religiosa y de asociación, y la ausencia de discriminación.

En cuanto a los “Límites al Poder Gubernamental”, la entidad mexiquense fue colocada en el lugar 26. Y se evaluaron los temas de la eficacia del poder legislativo y judicial, así como de los órganos de control para ser un contrapeso, las sanciones por abuso de poder, la legalidad en las elecciones y el contrapeso eficaz de las instancias no gubernamentales.

Por el “Cumplimiento regulatorio” que se tiene en la entidad mexiquense, obtuvo el lugar 17 a nivel nacional, al ser evaluados los siguientes aspectos: el cumplimiento regulatorio eficaz y libre de corrupción, los procedimientos administrativos eficientes, el debido proceso en procedimientos administrativos, y los derechos de propiedad.

A nivel nacional, la entidad mexiquense ocupó el lugar número 18 en cuánto al rubro de “Justicia Civil”, al ser evaluados los siguientes tópicos: las personas conocen sus derechos, el acceso a información y asesoría legal asequible, la justicia civil asequible, sin procesos burocráticos, imparcial, independiente, libre de corrupción, de calidad y expedita, así como la ejecución efectiva de las resoluciones en materia civil y MASC accesibles, imparciales y expeditos.

En “Ausencia de Corrupción” se evaluó la ausencia de corrupción en el ejecutivo, judicial, legislativo y en las instituciones de seguridad y procuración de justicia, obteniendo el lugar 31 a nivel nacional.

Mientras que por “Justicia Penal” se evalúan la eficacia y eficiencia de la investigación penal, de la procuración e impartición de justicia, así como los derechos de las víctimas el debido proceso legal, la justicia penal imparcial, independiente y libre de corrupción, y al sistema penitenciario seguro y respetuoso de los derechos humanos. En este rubro, la entidad mexiquense quedó en el lugar 18 a nivel nacional.

Por último, en el rubro de “Orden y Seguridad”, dónde el Estado de México es el número 31 a nivel nacional por obtener .26 de calificación, se evalúan los aspectos de ausencia de homicidios y de crimen, y que las personas se sientan seguras.

Retos y soluciones

Para el catedrático de la Facultad de Derecho de la UAEM, la solución para revertir los indicadores del WJP tiene que ser en un plano legislativo, actualizando los ordenamientos estatales para garantizar su adecuada aplicación.

“Se tiene que hacer una revisión exhaustiva a la Constitución del Estado de México en materia de democracia, al artículo tercero, décimo, décimo segundo y 77 de la Constitución estatal”.

“También se tienen que hacer revisiones a los códigos estatales, para darles más garantías de aplicación a la ciudadanía de un Estado de Derecho”, refirió Velázquez García.

Sin embargo, también se debe de replantear el quehacer de los gobiernos locales, pues son la primera instancia en donde se quebranta el Estado de Derecho.

“Hay una cosa que en el Estado de México es urgente, que es implementar el modelo homologado de justicia cívica, que es un programa del gobierno federal y una disposición de la Constitución Federal que obliga a los Ayuntamientos a atender y resolver en etapa temprana todos los conflictos que surgen del trato cotidiano en la vida comunitaria”, explicó Huicochea Alanís.

Conflictos familiares y civiles, y temas puntuales como los feminicidios, la violencia en los hogares, el robo al transeúnte, robo en el transporte público, deben de tener una atención temprana a través de la Justicia Cívica.

Y, a nivel municipal, esta responsabilidad recae en la función del juez calificador.

“Se ha malinterpretado esta figura muchas veces, lo que hace un juez calificador es recibir a una persona que cometió una falta administrativa y calificar esa falta administrativa para que esa persona pague su falta, en la mayoría de las veces con recursos económicos”.

“De tal manera que hay quien piensa y hay quien usa como una instancia de recaudación de ingresos líquidos de dinero rápido para el gobierno municipal”, detalló Huicochea Alanís.

Por lo que, realizando este cambio de concepción y de responsabilidades en los gobiernos municipales, repercutirá directamente en los asuntos que llegan a ser tratados por la Justicia Penal.

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