Integrantes del Foro de Abogados Progresistas del Estado de México demandaron la reanudación inmediata de labores en los Tribunales del poder Judicial federal y estatal, de los Tribunales administrativos, del trabajo, agrarios y de los poderes legislativos.
También urgieron a esas instancias la aplicación de mecanismos y herramientas para que se reanuden las actividades que les fueron impuestas por ley, mediante el desarrollo de los protocolos de sanidad e higiene que garanticen la seguridad de los servidores públicos, los abogados y el público que demanda una impartición de justicia expedita.
Al manifestarse frente a las instalaciones del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, reconocieron que la emergencia sanitaria por el virus SARS-CoV2 ha paralizado la administración y, por ende, impide el acceso de los ciudadanos a la justicia, agravando su futuro y el de la sociedad en su conjunto.
Dieron a conocer que el 8 de junio pasado, a través de un escrito dirigido al presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de México, se propuso la implementación de medidas sanitarias para la apertura del trabajo jurisdiccional de manera segura para todos los involucrados, sin haber recibido respuesta alguna.
Recordaron que el acuerdo de la Secretaría de Salud publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de marzo de 2020 reconoce “como actividades esenciales la procuración e impartición de justicia”, sin distinción o limitación alguna.
Por ello, dijeron, “es necesaria la apertura de los órganos de impartición de justicia ya sea jurisdiccional, laboral, administrativa, con las medidas de sanidad necesarias”.
Asimismo, expresaron como injustificable que los servidores públicos judiciales han percibido suelo y prestación durante esta pandemia, mientras son omisos en la aplicación de modificaciones para garantizar la salud de su personal y delos usuarios, mientras que pequeños negocios de todo el país sí lo han hecho; además, tampoco existen protocolos que garanticen el actuar durante la “nueva normalidad”.
Por otra parte, calificaron como deficiente el servicio del Tribunal Electrónico y mecanismos como la Firma Electrónica; así como la dificultad para acceder a las diferentes plataformas y de un servicio de asesoría tardado e incompleto.
Aseguraron no estar en contra del esquema de litigio en línea porque cuando funciona bien ofrece beneficios como abreviar tiempos y proteger a los litigantes y al resto de los participantes en estos procesos, pero consideraron que su falla en que limita los asuntos, no garantiza los derechos humanos de acceso a la justicia ni tutela efectivamente el debido proceso.
Además de que pone demasiados requisitos y está supeditado a mecanismos tecnológicos que representan más limitaciones a grupos vulnerables como los sordomudos, débiles visuales y personas de escasos recursos económicos.
