En el Estado de México y en otras entidades personas han sido despojado de sus viviendas, a través de despachos que compran la cartera y la revenden, mientras jueces ordenan desalojos ilegales, denunció Humbertus Pérez Espinoza, del Frente Mexiquense en Defensa de una Vivienda Digna.
Explicó que ya han solicitado al presidente, Andrés Manuel López Obrador y a Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que se investiguen esas acciones, pues creen que existen juicios simulados y posibles redes de corrupción.
Además, anunció que pedirán a alcaldes embargar reservas de empresas inmobiliarias involucradas en denuncias por presuntos fraudes.
Refirió que la Auditoría Superior de la Federación auditó la venta de cartera de crédito y bienes adjudicados del 2014 y cuestionó la contratación de 60 trabajadores eventuales en la SHF, quienes realizaron una subasta pública y vendieron los créditos por paquete y encontró diversas irregularidades.
Cuando esos créditos fueron adquiridos por despachos de abogados, administradoras de crédito y particulares, explicó, se les negó el derecho a los poseedores de las viviendas, es decir, a más de cinco millones de familias mexicanas que han sido expuestas y de manera ilícita les han despojando de sus casas, pese a que desde el 19 de marzo del 2009 el Frente presentó denuncias penales.
El propio Nieto, dijo, ha admitido una entrevistas que esas prácticas de desalojar a la gente porque las carteras fueron compradas por despachos para ser revendidas ha sido detectada en varias entidades.
"Existen jueces y magistrados que forman parte de este esquema para despojar o desalojar de sus viviendas a las familias, utilizando actos simulados a los que se refiere Santiago Nieto con la colaboración de los jueces, con la venta de los derechos litigiosos, con supuestos contratos de cesión de derechos
"Y sin tener ningún fundamento jurídico ordenan el excesivo uso de la fuerza pública, utilizando a la Guardia Nacional, a la Secretaría de Seguridad del Estado de México, a las policías municipales y hombres armados de civil para realizar los desalojos", afirmó.
El activista explicó que las autoridades no han querido tocar el tema de Banca de Desarrollo Hipotecaria Federal, cuando el propio Nieto ha señalado que es ilegal que a través de mecanismos de corrupción se despoje a la gente de sus viviendas, utilizando despachos que compran la cartera y la revenden, utilizando jueces y al Poder Judicial.
Por ello, pidió reactivar las denuncias penales que el Frente en Defensa de la Vivienda presentó desde hace años y pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador, al titular de la UIF Santiago Nieto y al Poder Judicial mexiquense investigar al juez David Velázquez Vargas, quinto Civil de Ecatepec, con residencia en Tecámac.
También a los magistrados de las Salas Colegiadas de los Tribunales Civiles de Apelación de Texcoco y a notificadores, abogados litigantes de estos juicios, despachos de abogados y particulares que han adquirido ilícitamente los derechos litigiosos, avalados por titulares de los órganos jurisdiccionales en materia civil para despojar a las familias de sus viviendas.