/ lunes 15 de agosto de 2022

Denuncian despojos de tierras en San Mateo Atenco

Acusan que las autoridades del Registro y de la Procuraduría Agraria no les han apoyado 

Desde el año 2011 en el municipio de San Mateo Atenco varias personas han sufrido despojos de sus terrenos, pues en algunos casos los invasores han llegado a colocar mallas en los predios, en otro se pagó la expropiación por el paso de la carretera Toluca- Naucalpan, a quien no era propietario.

Además, en al menos un caso a una propiedad se le colocó un candado que impide el pago de servicios como predial, aún cuando no ha sido vendido.

Los despojos, de acuerdo con algunos ejidatarios, derivan del decreto 299 del año 2011, sobre límites territoriales, aprobado por la Legislatura local entre Toluca, San Mateo Atenco y Lerma y de una asamblea de ejidatarios apócrifa del 25 de marzo del 2010, así como de posibles actos de corrupción, pues llevan años denunciando esos delitos y no han obtenido respuesta.

Los inconformes Antonio Campos y Concepción González refirieron que el ex gobernador Enrique Peña Nieto en 2011 emitió un decreto de convenio amistoso entre Toluca, Lerma y San Mateo que ha dado pie a esos despojos, aún cuando tienen los documentos que muestran quienes son los propietarios.

Acusaron que el anterior Comisariado Ejidal de San Mateo presuntamente estuvo en contubernio, pues hubo actas de asamblea apócrifas que incluso después fueron desconocidas, pero que fueron presentadas ante las autoridades.

El caso, señalaron, está parado porque la Procuraduría Agraria no los ha defendido y no ha tomado en cuenta los documentos que han presentado, por lo cual creen que existe corrupción.

El señor Antonio Campos Pichardo refirió que en el Registro Agrario Nacional desaparecieron la carpeta básica del ejido de San Mateo, y lo detectaron cuando empezaron a preguntar en 2018 por los documentos y nunca los encontraron; por lo cual consideró que hay servidores públicos que al parecer apadrinan a delincuentes, mientras a ellos no los atienden.

Afirmó que en todas las controversias en tribunales agrarios ellos han presentado planos y documentos, pero alertaron que presumen corrupción en el Registro Agrario Nacional porque esa institución ha inscrito actas de asamblea apócrifas; por lo cual creen que hay contubernio entre servidores y quienes despojan.

En tanto, su asesor Francisco Campos Esquivel refirió que el Ministerio Público federal no les ha querido hacer un desglose en la averiguación previa por documentos falsos, falsedad de declaraciones, ni por obstrucción a la justicia.

También señaló que el comisariado ejidal ha expedido constancias falsas a quienes han despojado y se han tomado con valor probatorio, lo cual, dijo, es grave, pues los han despojado en el ejido y en el paraje Isidro Fabela que hace años perteneció a la nación, pero el cual se expropió para entregarlo a quienes hoy son propietarios.

Refirió que hay casos como el de Joaquín Torres, quien cuando llegó a trabajar su tierra ya tenía una malla ciclónica porque alguien se apoderó del predio.

En tanto, J. Concepción González Escutia, explicó que con el paso de la autopista Toluca - Naucalpan le quitaron parte de su terreno y un comisariado ejidal le dió a su hermano Gregorio una constancia de posesión; con la cual éste cobró por la afectación, pese a no ser propietario.

Aún cuando se inició un juicio, el juez de control y la Sala en materia penal señalaron que no era posible fincar responsabilidad porque los actos derivaron de una expropiación, con lo cual, señalaron, permitieron que los esos ilícitos quedaran en la impunidad y que alguien cobrara lo que no es suyo.

Reprocharon que las autoridades no tomaron en cuenta los documentos presentados por Concepción González y no sancionaron el delito.

Además, don Antonio narró que lo querían despojar también de un terreno y lo han amenazado de muerte, pues la asesora jurídica de Catastro del ayuntamiento, sostuvo, le dijo que los podían matar a él y a su familia porque al Gobierno estatal le interesaba su terreno.

Este año, al intentar pagar en el municipio, detalló, les comentaron que su predio tenía un candado y no podían pagar; por lo cual consideran que hay un despojo, pues le piden presentar documentación, sin darles un acuse de recibido y temen que se la queden.

Por ello, pidieron el apoyo de las autoridades para evitar que se sigan registrando despojos.

Desde el año 2011 en el municipio de San Mateo Atenco varias personas han sufrido despojos de sus terrenos, pues en algunos casos los invasores han llegado a colocar mallas en los predios, en otro se pagó la expropiación por el paso de la carretera Toluca- Naucalpan, a quien no era propietario.

Además, en al menos un caso a una propiedad se le colocó un candado que impide el pago de servicios como predial, aún cuando no ha sido vendido.

Los despojos, de acuerdo con algunos ejidatarios, derivan del decreto 299 del año 2011, sobre límites territoriales, aprobado por la Legislatura local entre Toluca, San Mateo Atenco y Lerma y de una asamblea de ejidatarios apócrifa del 25 de marzo del 2010, así como de posibles actos de corrupción, pues llevan años denunciando esos delitos y no han obtenido respuesta.

Los inconformes Antonio Campos y Concepción González refirieron que el ex gobernador Enrique Peña Nieto en 2011 emitió un decreto de convenio amistoso entre Toluca, Lerma y San Mateo que ha dado pie a esos despojos, aún cuando tienen los documentos que muestran quienes son los propietarios.

Acusaron que el anterior Comisariado Ejidal de San Mateo presuntamente estuvo en contubernio, pues hubo actas de asamblea apócrifas que incluso después fueron desconocidas, pero que fueron presentadas ante las autoridades.

El caso, señalaron, está parado porque la Procuraduría Agraria no los ha defendido y no ha tomado en cuenta los documentos que han presentado, por lo cual creen que existe corrupción.

El señor Antonio Campos Pichardo refirió que en el Registro Agrario Nacional desaparecieron la carpeta básica del ejido de San Mateo, y lo detectaron cuando empezaron a preguntar en 2018 por los documentos y nunca los encontraron; por lo cual consideró que hay servidores públicos que al parecer apadrinan a delincuentes, mientras a ellos no los atienden.

Afirmó que en todas las controversias en tribunales agrarios ellos han presentado planos y documentos, pero alertaron que presumen corrupción en el Registro Agrario Nacional porque esa institución ha inscrito actas de asamblea apócrifas; por lo cual creen que hay contubernio entre servidores y quienes despojan.

En tanto, su asesor Francisco Campos Esquivel refirió que el Ministerio Público federal no les ha querido hacer un desglose en la averiguación previa por documentos falsos, falsedad de declaraciones, ni por obstrucción a la justicia.

También señaló que el comisariado ejidal ha expedido constancias falsas a quienes han despojado y se han tomado con valor probatorio, lo cual, dijo, es grave, pues los han despojado en el ejido y en el paraje Isidro Fabela que hace años perteneció a la nación, pero el cual se expropió para entregarlo a quienes hoy son propietarios.

Refirió que hay casos como el de Joaquín Torres, quien cuando llegó a trabajar su tierra ya tenía una malla ciclónica porque alguien se apoderó del predio.

En tanto, J. Concepción González Escutia, explicó que con el paso de la autopista Toluca - Naucalpan le quitaron parte de su terreno y un comisariado ejidal le dió a su hermano Gregorio una constancia de posesión; con la cual éste cobró por la afectación, pese a no ser propietario.

Aún cuando se inició un juicio, el juez de control y la Sala en materia penal señalaron que no era posible fincar responsabilidad porque los actos derivaron de una expropiación, con lo cual, señalaron, permitieron que los esos ilícitos quedaran en la impunidad y que alguien cobrara lo que no es suyo.

Reprocharon que las autoridades no tomaron en cuenta los documentos presentados por Concepción González y no sancionaron el delito.

Además, don Antonio narró que lo querían despojar también de un terreno y lo han amenazado de muerte, pues la asesora jurídica de Catastro del ayuntamiento, sostuvo, le dijo que los podían matar a él y a su familia porque al Gobierno estatal le interesaba su terreno.

Este año, al intentar pagar en el municipio, detalló, les comentaron que su predio tenía un candado y no podían pagar; por lo cual consideran que hay un despojo, pues le piden presentar documentación, sin darles un acuse de recibido y temen que se la queden.

Por ello, pidieron el apoyo de las autoridades para evitar que se sigan registrando despojos.

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