/ jueves 24 de marzo de 2022

Denuncian homicidio de interno en Chiconautla; familiares señalan que no fueron notificados

El padre de la víctima narró que su hijo fue apuñalado en el centro penitenciario a las 15:00 horas el miércoles 23 de marzo; sin embargo, las autoridades no le informaron nada


La organización Presunción de Inocencia y Derechos Humanos (PIDH) denunció el homicidio del interno Ricardo Zárate Rodríguez, al interior del penal de Chiconautla y acusó que debió ser liberado desde 2014 por beneficios de libertad anticipada, pero las autoridades no aplicaron la norma.

Su padre, Ricardo Zárate, narró que el joven fue apuñalado en el centro penitenciario desde las 15:00 horas del miércoles 23 de marzo, pero las autoridades no informaron a la familia y ésta se enteró por terceras personas.

La hermana de Ricardo llamó al reclusorio para pedir informes, pero la trabajadora social, señaló el padre de ambos, no les dio informes y solo les dijo que fueran al hospital de Las Américas, donde se enteraron que su hijo murió por las puñaladas que recibió.

El padre exigió justicia y que los hechos no queden impunes.

"Mi hijo lamentablemente falleció por las puñaladas que le dieron por la espalda. Queremos ver que esto no quede impune, así hay muchas gentes; yo les comunico esto porque mi hijo ya estaba a punto de salir, pero por causas de papeles no le daban su libertad a mi hijo", refirió.

Pidió a PIDH apoyarlo para que se sancione a los responsables, mientras la organización reprochó que jueces no cumplan con la ley y no den la libertad a quienes cumplan con los requisitos legales.

Culpan a autoridades

La organización PIDH y el activista y fundador de la misma, Humbertus Pérez Espinosa responsabilizó al subsecretario de Control Penitenciario Manuel Palma Rangel, al director General de los Centros de Prevención y Reinserción Social del Estado de México, Jaime Echartea Mojica, al director del Penal de Chiconautla Bertín Arellano Gómez y al juez de ejecución penal responsable de la seguridad de esa persona privada de su libertad (PPL) Ricardo Zárate Rodríguez.

"Son responsables las autoridades penitenciarias antes señaladas del asesinato y homicidio por omisión, toda vez que el interno Ricardo Zárate Rodríguez fue detenido el 13 de marzo del 2003 y sentenciado en primera instancia a 19 años y cinco meses; en el recurso de apelación obtuvo una reducción de la pena y la sentencia quedó en 17 años y un mes.

"Por beneficio de la libertad personal como un derecho humano que tienen como beneficio todas los PPLs, al interno Ricardo Zárate Rodríguez le tuvieron que dar su libertad en el mes de septiembre de 2014 por cumplir el 70% de la pena, y no fue así, la corrupción del sistema penitenciario asesina a los internos que tienen beneficios de la libertad personal", señaló.

La organización acusó que persiste la corrupción pues no se instaló la base de datos de personas privadas de la libertad en el sistema penitenciario del estado de México, pese a que así lo mandataba la Reforma Constitucional del 18 de junio de 2008 a las autoridades penitenciarias del Edomex y el País.

"No se cumplió con el artículo primero transitorio de la Ley Nacional de Ejecución Penal (LNEP) que dió como plazo límite para instalar la base de datos de personas privadas de la libertad hasta el 30 de noviembre de 2017; este sistema de bases de datos automatizado tenía que haber indicado que su pena la compurgó al 100% el 13 de abril de 2020".

El juez de ejecución de penas del Distrito Judicial de Ecatepec y las autoridades penitenciarias del Estado de México, explicó, tuvieron que aplicar de oficio el artículo 141 y primero transitorio de la LNEP, pues la libertad anticipada entró en vigor desde el 18 de junio de 2016, dos años después de que el interno Ricardo Zárate Rodríguez desde el 13 de abril del 2014 cumplió con el 70% de la libertad anticipada.

Pérez Espinosa pidió al titular del Poder Judicial mexiquense, Ricardo Sodi Cuellar investigar por qué no se cumplió con los beneficios de la libertad personal como un derecho humano del interno Ricardo Zárate Rodríguez, aún cuando se acreditó que ya había cumplido con los beneficios para obtener su libertad.

Cuestionó que más del 45% de los internos del penal de Chiconautla alcanzan los beneficios de la libertad condicionada por haber cumplido el 50% de su pena, y anticipada por haber purgado el 70%, pero no obtienen su libertad y aseguró que en las mesas de trabajo que realizaron se acreditó que Ricardo Zárate Rodríguez alcanzaba el beneficio de libertad, pero ésta no se le otorgó.

"¿El Poder Judicial mediante los jueces de ejecución son cómplices de perpetuar el autogobierno?, preguntó.

Foto: Cortesía | Presunción de Inocencia y Derechos Humanos

Recordó que han hecho críticas por otorgar la amnistía en los centros penitenciarios para premiar y legitimar a las autoridades corruptas y responsables de los asesinatos de internos y exigió aclarar el homicidio de Zárate.


La organización Presunción de Inocencia y Derechos Humanos (PIDH) denunció el homicidio del interno Ricardo Zárate Rodríguez, al interior del penal de Chiconautla y acusó que debió ser liberado desde 2014 por beneficios de libertad anticipada, pero las autoridades no aplicaron la norma.

Su padre, Ricardo Zárate, narró que el joven fue apuñalado en el centro penitenciario desde las 15:00 horas del miércoles 23 de marzo, pero las autoridades no informaron a la familia y ésta se enteró por terceras personas.

La hermana de Ricardo llamó al reclusorio para pedir informes, pero la trabajadora social, señaló el padre de ambos, no les dio informes y solo les dijo que fueran al hospital de Las Américas, donde se enteraron que su hijo murió por las puñaladas que recibió.

El padre exigió justicia y que los hechos no queden impunes.

"Mi hijo lamentablemente falleció por las puñaladas que le dieron por la espalda. Queremos ver que esto no quede impune, así hay muchas gentes; yo les comunico esto porque mi hijo ya estaba a punto de salir, pero por causas de papeles no le daban su libertad a mi hijo", refirió.

Pidió a PIDH apoyarlo para que se sancione a los responsables, mientras la organización reprochó que jueces no cumplan con la ley y no den la libertad a quienes cumplan con los requisitos legales.

Culpan a autoridades

La organización PIDH y el activista y fundador de la misma, Humbertus Pérez Espinosa responsabilizó al subsecretario de Control Penitenciario Manuel Palma Rangel, al director General de los Centros de Prevención y Reinserción Social del Estado de México, Jaime Echartea Mojica, al director del Penal de Chiconautla Bertín Arellano Gómez y al juez de ejecución penal responsable de la seguridad de esa persona privada de su libertad (PPL) Ricardo Zárate Rodríguez.

"Son responsables las autoridades penitenciarias antes señaladas del asesinato y homicidio por omisión, toda vez que el interno Ricardo Zárate Rodríguez fue detenido el 13 de marzo del 2003 y sentenciado en primera instancia a 19 años y cinco meses; en el recurso de apelación obtuvo una reducción de la pena y la sentencia quedó en 17 años y un mes.

"Por beneficio de la libertad personal como un derecho humano que tienen como beneficio todas los PPLs, al interno Ricardo Zárate Rodríguez le tuvieron que dar su libertad en el mes de septiembre de 2014 por cumplir el 70% de la pena, y no fue así, la corrupción del sistema penitenciario asesina a los internos que tienen beneficios de la libertad personal", señaló.

La organización acusó que persiste la corrupción pues no se instaló la base de datos de personas privadas de la libertad en el sistema penitenciario del estado de México, pese a que así lo mandataba la Reforma Constitucional del 18 de junio de 2008 a las autoridades penitenciarias del Edomex y el País.

"No se cumplió con el artículo primero transitorio de la Ley Nacional de Ejecución Penal (LNEP) que dió como plazo límite para instalar la base de datos de personas privadas de la libertad hasta el 30 de noviembre de 2017; este sistema de bases de datos automatizado tenía que haber indicado que su pena la compurgó al 100% el 13 de abril de 2020".

El juez de ejecución de penas del Distrito Judicial de Ecatepec y las autoridades penitenciarias del Estado de México, explicó, tuvieron que aplicar de oficio el artículo 141 y primero transitorio de la LNEP, pues la libertad anticipada entró en vigor desde el 18 de junio de 2016, dos años después de que el interno Ricardo Zárate Rodríguez desde el 13 de abril del 2014 cumplió con el 70% de la libertad anticipada.

Pérez Espinosa pidió al titular del Poder Judicial mexiquense, Ricardo Sodi Cuellar investigar por qué no se cumplió con los beneficios de la libertad personal como un derecho humano del interno Ricardo Zárate Rodríguez, aún cuando se acreditó que ya había cumplido con los beneficios para obtener su libertad.

Cuestionó que más del 45% de los internos del penal de Chiconautla alcanzan los beneficios de la libertad condicionada por haber cumplido el 50% de su pena, y anticipada por haber purgado el 70%, pero no obtienen su libertad y aseguró que en las mesas de trabajo que realizaron se acreditó que Ricardo Zárate Rodríguez alcanzaba el beneficio de libertad, pero ésta no se le otorgó.

"¿El Poder Judicial mediante los jueces de ejecución son cómplices de perpetuar el autogobierno?, preguntó.

Foto: Cortesía | Presunción de Inocencia y Derechos Humanos

Recordó que han hecho críticas por otorgar la amnistía en los centros penitenciarios para premiar y legitimar a las autoridades corruptas y responsables de los asesinatos de internos y exigió aclarar el homicidio de Zárate.

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