Toluca, México.- La Diputada Nancy Nápoles Pacheco de morena hizo un enérgico pronunciamiento contra la sentencia de 2017 hacia tres defensores indígenas de la comunidad de San Pedro Tlanixco de Tenango del Valle, quienes habrían sido detenidos sin pruebas y sometidos a un proceso lleno de irregularidades.
Lorenzo Sánchez Berriozábal, Marco Antonio Pérez González y Dominga González Martínez fueron sentenciados a la pena máxima el 27 de noviembre del año pasado por el Juzgado Primero Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, acusados de un supuesto homicidio.
Sin embargo, la legisladora local advirtió que las pruebas en su contra fueron testimonios de personas que no estuvieron presentes, todo derivado de la defensa del agua de la comunidad.
Aseguró que las tres personas son consideradas presos políticos, sentenciadas en un proceso lleno de irregularidades, con pruebas testimoniales inconsistentes y después de 10 años de prisión preventiva, lo que implicó violaciones a sus derechos.
El Contexto
Refirió que tras una baja en el sistema de agua en Tlanixco, la población hizo una toma de agua formal, pero una persona se inconformó y entregó un escrito a la CAEM y a Conagua, por lo cual el gobierno estatal citó a autoridades de Tlanixco y les informó que no podían tomar el agua porque estaba concesionada.
Desde 2002, refirió, Conagua quitó la concesión a los ciudadanos y se la dio a floricultores de Villa Guerrero, sin una consulta adecuada a la población y en 2003 acudieron empresarios de ese municipio para quitar a indígenas el uso del manantial y llevar agua a sus invernaderos.
Los indígenas, señaló la legisladora, hicieron tocar las campanas, llegaron unas 300 personas, se hicieron dos grupos: uno se llevó al floricultor Issak Basso, quien falleció en circunstancias no claras, mientras el otro presentó denuncias.
La policía, dijo, arribó con gran violencia a Tlanixco y se habría llevado a personas desnudas, sujetándolas contra el piso de las calles, a quienes les dieron la máxima sentencia y en 2006 detuvieron a Lorenzo Sánchez Berriozábal, Marco Antonio Pérez González y Dominga González.
La diputada local enfatizó que no existe certeza de que esos tres defensores indígenas hayan cometido el delito, además de que pasaron 10 años de prisión preventiva, con violaciones a sus derechos y las sentencias no parecen basarse en pruebas sustanciales, pues no tuvieron oportunidad de defenderse.
En el país existen alrededor de 650 presos políticos y reprochó que se ha criminalizado la protesta social.
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