Ante el riesgo de que en los ayuntamientos mexiquenses, donde habrá alternancia de partido, sindicalicen o engrosen la nómina, el Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios podría emitir un pronunciamiento.
En la sesión ordinaria del CPC, el integrante de ese órgano, José Guadalupe Luna, puso el tema sobre la mesa.
Refirió que en una reunión de autoridades municipales platicó con la alcaldesa electa de Chimalhuacán, Xóchitl Flores Jiménez, quien le expresó su preocupación porque, previo al cambio de gobierno, hay un incremento en el número de servidores públicos sindicalizados.
En la reunión del CPC explicó que vale la pena incluir el tema en la agenda y valorar cómo revisar que no se cometan prácticas inadecuadas y posicionarse al respecto.
En entrevista, Luna comentó que hasta el momento es el único caso que le han hecho llegar, donde se estaría incrementando la nómina de sindicalizados y, especialmente, con familiares de funcionarios actuales.
"Lo conversé con ella el lunes y me parece que el CPC debe pronunciarse sobre este riesgo, no solo en Chimalhuacan sino en varios municipios y, en su caso, pedirle al OSFEM que vigile eso".
Dijo que por ahora solo fue un planteamiento al interior del CPC, pero buscará que el tema se retome, se investigue, e involucrar al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM), que recibe informes de todos los ayuntamientos.
La denuncia
Hace unos días, la alcaldesa electa de Chimalhuacán, Xóchitl Flores Jiménez, afirmó que en dos meses la actual administración de ese municipio había realizado la sindicalización de 430 trabajadores, en su mayoría operadores políticos de Antorcha Popular y del edil Jesús Tolentino Román Bojórquez.
Incluso, comentó, al parecer también lo hizo con parientes de estos y del líder sindical local, Jesús Zúñiga Ramírez, con lo cual se incrementaría en más del 20 por ciento los gastos en salarios.
Aún cuando expresó su respeto al derecho de asociación de los trabajadores en el SUTEyM, también condenó las presuntas prácticas abusivas, pues antes de la elección del 6 de junio Chimalhuacán contaba con 576 trabajadores sindicalizados; sin embargo, de la primera quincena de junio a la primera de agosto se habrían sindicalizado otros 430 trabajadores con sueldos de entre 9 y más de 10 mil pesos mensuales.
También acusó que había más de 100 casos similares en el DIF y en ODAPAS, lo cual impactaría en el presupuesto anual, superior a los más de 2 mil millones de pesos, que pasaría de significar el 35.1% al 52% del capítulo mil.
