/ martes 26 de noviembre de 2019

Denuncian tianguistas de Almoloya de Juárez supuestos actos de corrupción y cobros indebidos

Podrían obtener autoridades hasta 24 mdp por cobro de obra que realizan con recursos del Ramo 33

Vendedores, pertenecientes al Frente Fundador Tianguista y al Consejo de Representación AC, denunciaron supuestos hechos de corrupción, omisión y ursurpación de funciones que se ha desbordado en la presente administración municipal que encabeza el alcalde Luis Maya Doro.

Al visitar las instalaciones de El Sol de Toluca, los tianguistas afectados, así como su representante legal, Alfredo Urbano Flores Moreno, dieron a conocer que la Dirección de Gobernación que encabeza Carmelo Salinas Velásquez cobra al comercio informal ambulante y semifijo en promedio 70 pesos diarios por dejarlos comercializar sus productos, ya que en caso de no hacerlo se les decomisa su mercancía o se le remite a la delegación.

Cabe mencionar que, además de la cantidad antes referida, se les exige a cerca de 200 o 300 vendedores un pago por permiso anual de 10 mil pesos, el cual debe ser en efectivo y de contado sin derecho a un recibo oficial por parte de la Tesorería municipal que encabeza Armando Rubí Guadarrama.

Derivado de esta situación, los comerciantes, quienes laboran cada fin de semana en la explanada “Luis Donaldo Colosio” de dicho ayuntamiento, adelantaron que no descartan recurrir a diferentes instancias para denunciar estos abusos y actos de corrrupción, entre ellas: la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) e incluso la Fiscalía General de Justicia de la entidad (FGJEM).


Supuestos cobros indebidos

Se trata, dijo Flores Moreno, “de cobros e impuestos que se encuentran fuera de la legalidad, pues se viola impunemente el Código Financiero de la entidad. Ante ello, es evidente que Gobernación realiza funciones que no le competen, porque se trata de obligaciones y responsabilidades de la hacienda municipal”.

De igual forma, los tianguistas señalaron que prevalece el abuso de autoridad y represión para extorsionar en complicidad con la fuerza municipal.

“A los policías los utilizan para fines fraudulentos y represivos en contra de los vendedores, cuando su objetivo principal debe ser salvaguardar la seguridad de los ciudadanos almoloyenses”, externaron los inconformes.


Otorgamiento selectivo de permisos

De igual forma, los vendedores sostuvieron que el otorgamiento de permisos para ejercer el libre comercio lo llevan a cabo las autoridades de manera selectiva, porque no existe equidad e igualdad en su otorgamiento.

“Estan dejando en estado de indefensión a todos los almoloyenses carentes de empleo, entre los que destacan las personas de la tercera edad, madres solteras, personas discapacitadas y jóvenes que tienen necesidad de trabajar para continuar estudiando”, enfatizaron.


Diversas irregularidades

Los tianguistas también indicaron que se carece de vigilancia sanitaria en el proceso de comercialización de alimentos, los cuales, en la mayoría de los casos, son elaborados en el mismo lugar, como el chicharón que emite humos tóxicos impregnados de grasa expuestos a todo el consumidor y comerciantes.

Aseguraron que en la explanada del lugar existe un grupo de delincuencia organizada, que se ha adueñado del lugar, así como sus recursos, dedicándose a extorsionar y hacer cobros indebidos fuera de todo orden, intimidando para ello a los comerciantes.

Dicho grupo, añadieron, también se ha apoderado de un estacionamiento que fue puesto en marcha hace 20 años para beneficio de los compradores y comerciantes, lo cual ha ahuyentado a sus clientes.


Hasta 40 mil pesos por vendedor

De igual forma, dieron a conocer que se instaló una estructura industrial al 50% de su cobertura total en la explanada “Luis Donaldo Colosio”, la cual se encuentra a medias y fue realizada con recursos provenientes del Ramo 33.

Sin embargo, agregaron, “desconocemos los alcances y la finalidad de la misma, pero debiera estar supervisada por un Comité Ciudadano de Control y Vigilancia. Además, la delincuencia organizada la aprovecha para cobrarle a los comerciantes 40 mil pesos, bajo la advertencia de que si no cumplen serán desalojados de sus lugares de trabajo”.

Vendedores, pertenecientes al Frente Fundador Tianguista y al Consejo de Representación AC, denunciaron supuestos hechos de corrupción, omisión y ursurpación de funciones que se ha desbordado en la presente administración municipal que encabeza el alcalde Luis Maya Doro.

Al visitar las instalaciones de El Sol de Toluca, los tianguistas afectados, así como su representante legal, Alfredo Urbano Flores Moreno, dieron a conocer que la Dirección de Gobernación que encabeza Carmelo Salinas Velásquez cobra al comercio informal ambulante y semifijo en promedio 70 pesos diarios por dejarlos comercializar sus productos, ya que en caso de no hacerlo se les decomisa su mercancía o se le remite a la delegación.

Cabe mencionar que, además de la cantidad antes referida, se les exige a cerca de 200 o 300 vendedores un pago por permiso anual de 10 mil pesos, el cual debe ser en efectivo y de contado sin derecho a un recibo oficial por parte de la Tesorería municipal que encabeza Armando Rubí Guadarrama.

Derivado de esta situación, los comerciantes, quienes laboran cada fin de semana en la explanada “Luis Donaldo Colosio” de dicho ayuntamiento, adelantaron que no descartan recurrir a diferentes instancias para denunciar estos abusos y actos de corrrupción, entre ellas: la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) e incluso la Fiscalía General de Justicia de la entidad (FGJEM).


Supuestos cobros indebidos

Se trata, dijo Flores Moreno, “de cobros e impuestos que se encuentran fuera de la legalidad, pues se viola impunemente el Código Financiero de la entidad. Ante ello, es evidente que Gobernación realiza funciones que no le competen, porque se trata de obligaciones y responsabilidades de la hacienda municipal”.

De igual forma, los tianguistas señalaron que prevalece el abuso de autoridad y represión para extorsionar en complicidad con la fuerza municipal.

“A los policías los utilizan para fines fraudulentos y represivos en contra de los vendedores, cuando su objetivo principal debe ser salvaguardar la seguridad de los ciudadanos almoloyenses”, externaron los inconformes.


Otorgamiento selectivo de permisos

De igual forma, los vendedores sostuvieron que el otorgamiento de permisos para ejercer el libre comercio lo llevan a cabo las autoridades de manera selectiva, porque no existe equidad e igualdad en su otorgamiento.

“Estan dejando en estado de indefensión a todos los almoloyenses carentes de empleo, entre los que destacan las personas de la tercera edad, madres solteras, personas discapacitadas y jóvenes que tienen necesidad de trabajar para continuar estudiando”, enfatizaron.


Diversas irregularidades

Los tianguistas también indicaron que se carece de vigilancia sanitaria en el proceso de comercialización de alimentos, los cuales, en la mayoría de los casos, son elaborados en el mismo lugar, como el chicharón que emite humos tóxicos impregnados de grasa expuestos a todo el consumidor y comerciantes.

Aseguraron que en la explanada del lugar existe un grupo de delincuencia organizada, que se ha adueñado del lugar, así como sus recursos, dedicándose a extorsionar y hacer cobros indebidos fuera de todo orden, intimidando para ello a los comerciantes.

Dicho grupo, añadieron, también se ha apoderado de un estacionamiento que fue puesto en marcha hace 20 años para beneficio de los compradores y comerciantes, lo cual ha ahuyentado a sus clientes.


Hasta 40 mil pesos por vendedor

De igual forma, dieron a conocer que se instaló una estructura industrial al 50% de su cobertura total en la explanada “Luis Donaldo Colosio”, la cual se encuentra a medias y fue realizada con recursos provenientes del Ramo 33.

Sin embargo, agregaron, “desconocemos los alcances y la finalidad de la misma, pero debiera estar supervisada por un Comité Ciudadano de Control y Vigilancia. Además, la delincuencia organizada la aprovecha para cobrarle a los comerciantes 40 mil pesos, bajo la advertencia de que si no cumplen serán desalojados de sus lugares de trabajo”.

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