El Observatorio de la Ley de Amnistía del Estado de México detectó fallas en los trámites para que personas injustamente presas obtengan su libertad.
En el primer informe de este Observatorio, sobre la operatividad de dicha norma, se advierte que existen obstáculos para la liberación de personas. Uno de ellos es que la citada ley exige pagar la reparación del daño para alcanzar la amnistía, pero se ha detectado que los jueces determinan montos desproporcionados por el delito cometido.
"Lo cual genera un obstáculo mayor e indebido, puesto que muchas de las personas que se encuentran privadas de su libertad fueron criminalizadas precisamente por su situación social y familiar de vulnerabilidad", indica el referido documento de seguimiento.
En el citado Observatorio participan organizaciones como Justicia Transicional México, CEA Justicia Social, Haz Valer Mi Libertad, En Vero y CIVICUS Global Alliance.
El informe solicita una mayor transparencia sobre los procesos de amnistía.
También se alertó que falta información por parte del Poder Judicial mexiquense sobre las personas supuestamente amnistiadas.
En el informe se advierte sobre argumentos recurrentes por parte de la autoridad judicial, los cuales obstaculizan e impiden la salida de más personas.
Entre ellos, algunos de carácter administrativo, como el hecho de que no les reciben documentos como el acta de nacimiento porque no se encuentra en el formato solicitado.
En el caso de solicitudes que han sido acompañadas por organizaciones defensoras de derechos humanos, la autoridad las ha rechazado porque no acudieron a protestar el cargo, aun cuando los lineamientos señalan que sólo se solicita la protesta a defensores públicos.
Según el informe, el motivo más recurrente para desechar solicitudes es la negativa de los jueces para constancias de primodelincuentes, a pesar de que tienen la facultad para hacerlo.
Además, el Observatorio señaló que pese a que la ley establece que la persona puede solicitar la amnistía en cualquier momento del proceso penal, a los solicitantes se les ha notificado y desechado solicitudes por tener pendientes resoluciones de amparo o apelaciones.
Opacidad
Las organizaciones que integran dicho Observatorio advierten que hay opacidad en la operatividad de la Ley de Amnistía, pues el Poder Judicial ha emitido tres comunicados donde menciona que ha recibido 712 solicitudes desde febrero de este año y hasta ahora sólo 50 han sido procedentes.
Las organizaciones advirtieron que no existe transparencia sobre cómo se lleva el proceso de evaluación de las peticiones, ni de quiénes son los beneficiarios, ni hay información desagregada por sexo, edad, categoría social y delito.
Ante la falta de rendición de cuentas, el Observatorio concluye que no se puede pronunciar sobre un buen o mal funcionamiento de la Ley de Amnistía y advierte su preocupación por indicios que apuntan a deficiencias estructurales severas, así como a prácticas que podrían constituir limitantes severos y actos que vulnerarían el espíritu de la norma.
Incluso señala que solicitudes de acceso a información de colectivos y organizaciones defensoras de derechos humanos, dirigidas al Poder Judicial, han quedado sin respuesta sustancial, pues hasta la mañana del 14 de mayo, en el micrositio gubernamental habilitado para la Ley de Amnistía, no se había publicado ninguna información, aunque horas más tarde apareció alguna de carácter muy básico.
El informe también señala que no se conoce el seguimiento que se les da a las personas que acceden a la amnistía, para que accedan a programas de reinserción integrales.
