/ domingo 14 de julio de 2019

Diez municipios concentran casi 50% de quejas por presuntas violaciones a la dignidad humana

Codhem emite recomendación a Ecatepec por muerte de una persona que se quitó la vida en la galera femenil

Los ayuntamientos son las autoridades que con mayor frecuencia son señalados por la sociedad por presuntas violaciones a la dignidad humana, aseguró el presidente del organismo defensor Jorge Olvera García, quien reconoció que hasta el 17 de junio pasado casi 50% de los mil 187 expedientes iniciados son en su contra.

Refirió que ésta es una realidad insoslayable porque los ayuntamientos son los primeros respondientes a una transgresión de los derechos fundamentales, pues son la autoridad más cercana a las personas, su primer contacto, recalcó el ombudsperson mexiquense.

De acuerdo con datos de la Codhem, los gobiernos municipales con mayor número de quejas en orden descendiente son: Nezahualcóyotl, Ecatepec, Tlalnepantla, Toluca, Naucalpan, Chimalhuacán, Cuautitlán Izcalli, Atizapán de Zaragoza, Los Reyes La Paz y Chalco, que suman 572, mismas que representan casi la mitad del total.

En contraste, sólo 19 ayuntamientos registran una queja y son: Atlautla, Axapusco, Donato Guerra, Hueypoxtla, Isidro Fabela, Jilotzingo, Lerma, Luvianos, Mexicaltzingo, Otumba, Ozumba, San Bartolo Morelos, Santa María Rayón, Temascaltepec, Teotihuacán, Tepetlaoxtoc, Texcatitlán, Tonatico y Xalatlaco.

Por otra parte, la Codhem, emitió la Recomendación 5/2019 al ayuntamiento de Ecatepec, por la vulneración a los derechos a la legalidad, a la seguridad jurídica y al debido proceso de una mujer, detenida por policías municipales y llevada a la galera femenil, donde atentó contra su vida y más tarde murió, según se publicó el la red social Facebook, por lo cual la Codhem inició investigación de oficio.

La mujer fue trasladada a la Oficialía Mediadora-Conciliadora y Calificadora Granjas Valle de Guadalupe Los Arcos, y aunque el Ministerio Público de San Agustín entregó a la familia el cadáver con múltiples golpes, el acta de defunción señala el ahorcamento como causa del fallecimiento.

Se acreditaron prácticas, acciones y omisiones de los servidores públicos, condiciones materiales inadecuadas y falta de mantenimiento en esa Oficialía, además, falta de certificación de la persona en funciones de mediadora y que la detenida no tuvo la valoración médica establecida.

Solicitó elaborar y aplicar formatos auxiliares a la función impartidora de justicia municipal y para la observancia de los principios de debida diligencia, debido proceso, legalidad y seguridad jurídica, emprender acciones administrativas para que la Oficialía tenga personal médico para la certificación del estado psicofísico de quienes sean presentados, e instrumentar mecanismos para la debida custodia de las personas privadas de libertad.

También, adecuar la infraestructura de las galeras para tener espacios dignos para menores de edad, varones y mujeres, y asegurar la visibilidad al interior o instalar cámaras de circuito cerrado; contar con reglamentos para la función mediadora-conciliadora y calificadora así como de seguridad pública; regularizar la actuación de los titulares de las oficialías con profesionistas que cumplan la normatividad; además de capacitar en materia de derechos humanos al personal adscrito a la Oficialía y a elementos policiales.


Los ayuntamientos son las autoridades que con mayor frecuencia son señalados por la sociedad por presuntas violaciones a la dignidad humana, aseguró el presidente del organismo defensor Jorge Olvera García, quien reconoció que hasta el 17 de junio pasado casi 50% de los mil 187 expedientes iniciados son en su contra.

Refirió que ésta es una realidad insoslayable porque los ayuntamientos son los primeros respondientes a una transgresión de los derechos fundamentales, pues son la autoridad más cercana a las personas, su primer contacto, recalcó el ombudsperson mexiquense.

De acuerdo con datos de la Codhem, los gobiernos municipales con mayor número de quejas en orden descendiente son: Nezahualcóyotl, Ecatepec, Tlalnepantla, Toluca, Naucalpan, Chimalhuacán, Cuautitlán Izcalli, Atizapán de Zaragoza, Los Reyes La Paz y Chalco, que suman 572, mismas que representan casi la mitad del total.

En contraste, sólo 19 ayuntamientos registran una queja y son: Atlautla, Axapusco, Donato Guerra, Hueypoxtla, Isidro Fabela, Jilotzingo, Lerma, Luvianos, Mexicaltzingo, Otumba, Ozumba, San Bartolo Morelos, Santa María Rayón, Temascaltepec, Teotihuacán, Tepetlaoxtoc, Texcatitlán, Tonatico y Xalatlaco.

Por otra parte, la Codhem, emitió la Recomendación 5/2019 al ayuntamiento de Ecatepec, por la vulneración a los derechos a la legalidad, a la seguridad jurídica y al debido proceso de una mujer, detenida por policías municipales y llevada a la galera femenil, donde atentó contra su vida y más tarde murió, según se publicó el la red social Facebook, por lo cual la Codhem inició investigación de oficio.

La mujer fue trasladada a la Oficialía Mediadora-Conciliadora y Calificadora Granjas Valle de Guadalupe Los Arcos, y aunque el Ministerio Público de San Agustín entregó a la familia el cadáver con múltiples golpes, el acta de defunción señala el ahorcamento como causa del fallecimiento.

Se acreditaron prácticas, acciones y omisiones de los servidores públicos, condiciones materiales inadecuadas y falta de mantenimiento en esa Oficialía, además, falta de certificación de la persona en funciones de mediadora y que la detenida no tuvo la valoración médica establecida.

Solicitó elaborar y aplicar formatos auxiliares a la función impartidora de justicia municipal y para la observancia de los principios de debida diligencia, debido proceso, legalidad y seguridad jurídica, emprender acciones administrativas para que la Oficialía tenga personal médico para la certificación del estado psicofísico de quienes sean presentados, e instrumentar mecanismos para la debida custodia de las personas privadas de libertad.

También, adecuar la infraestructura de las galeras para tener espacios dignos para menores de edad, varones y mujeres, y asegurar la visibilidad al interior o instalar cámaras de circuito cerrado; contar con reglamentos para la función mediadora-conciliadora y calificadora así como de seguridad pública; regularizar la actuación de los titulares de las oficialías con profesionistas que cumplan la normatividad; además de capacitar en materia de derechos humanos al personal adscrito a la Oficialía y a elementos policiales.


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