En el año 2016, Catalina, quien es madre soltera, con tres hijos y ese año tenía una situación económica precaria fue sentenciada a diez años de prisión por delitos contra la salud tras haber transportado metanfetamina. Fue trasladada al Centro de Reinserción Social de Ensenada, Baja California, lejos de su familia que vive en Jalisco.
La defensora pública federal María Teresa Vázquez refirió que en 2021 iniciaron y lograron el trámite de libertad condicionada, pero ella y su familia no tenían recursos para pagar un brazalete electrónico, pues su costo es alto: la garantía de unos 20 mil pesos y mensualidades de seis mil pesos; por lo cual el Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) logró un convenio con una empresa para que se lo diera en forma gratuita.
Esos dispositivos emiten alertas en caso de que ella saliera de la entidad donde reside y la empresa da el reporte al juez.
La Ley Nacional de Ejecución Penal establece en sus artículos 136 y 137 el beneficio de libertad condicionada para que las personas privadas de su libertad que cumplan con ciertos requisitos puedan terminar de compurgar su pena de prisión en libertad.
Los requisitos que deben cumplir son: tener el 50% de la pena de prisión, no contar con sentencia condenatoria diversa, que su externamiento no cause un riesgo para los testigos en su contra, ni para la sociedad, haber tenido buena conducta durante su internamiento.
También cumplir satisfactoriamente un plan de actividades, cubrir la reparación del daño o multa y no estar sujeta a otros proceso penal del fuero común o federal por delito que amerite prisión preventiva y no haber sido sentenciada por delitos de delincuencia organizada, secuestro o trata de personas.
En el 2021, Catalina cumplió con el 50% de su pena; por lo cual la abogada del IFDP, María Teresa Vázquez inició el trámite de libertad condicionada y en julio de ese año, el órgano jurisdiccional le concedió a Catalina ese beneficio con monitoreo electrónico, pero ni ella, ni su familia contaban con dinero suficiente para pagarlo.
A través de las gestiones de la Defensoría Pública lograron un convenio con la empresa Monitores GPS para otorgarle el brazalete gratuitamente y el 11 de noviembre de 2021en la Ciudad de México se le colocó el dispositivo, pero no puede salir de Jalisco, ni ingerir bebidas alcohólicas o sustancias tóxicas y debe contar con un empleo formal.
Además, sigue bajo la supervisión de la autoridad adinistrativa, y al cumplir el 70% de la pena puede promover el beneficio de libertad anticipada para extinguir la pena de prisión; aunque ya están tramitando que le cambien la modalidad a libertad condiconada, sin monitoreo electrónico.
El convenio con la empresa implica que por cierto número de dispositivos de personas con brazaletes electrónicos les otorgan unos gratuitos.
La abogada explicó que el artículo 136 de la Ley Nacional de Ejecución Penal señala que la libertad condicionada puede ser con monitoreo electrónico y sin él, y aun cuando la autoridad penitenciaria tiene la obligación de adquirir brazaletes, no cuenta con ellos; por lo cual las personas deben adquirirlos con una empresa, pero su costo es muy elevado.
Las y los defensores, explicó, han interpuesto recursos y han logrado resoluciones del Tribunal Unitario para que las libertades condicionadas se den sin monitoreo electrónico.
Ahora, Catalina trabaja con su mamá en un negocio de comida y realiza algunas actividades como; corte de cabello y maquillaje que aprendió en prisión.
La abogada señaló que la Defensoría Pública atiende en forma prioritaria a personas adultas mayores, con discapacidad, mujeres, jóvenes, indígenas, migrantes, solicitantes de refugio, representación especial de niñas, niños y adolescentes, y a quienes por razones sociales y económicas no pueden contratar un abogado particular.
El IFDP cuenta con 885 defensores públicos y 285 asesores jurídicos en todo el territorio nacional.
