Toluca, México.-La Legislatura local exhortó al fiscal general de justicia, Alejandro Gómez Sánchez a girar instrucciones al Ministerio Público para que se desista de la acción penal en contra de indígenas defensores de agua de San Pedro Tlanixco, pues se ha comprobado que son inocentes y se ha violado el debido proceso.
Pidieron poner en libertad a los acusados Dominga González Martínez, Lorenzo Sánchez Berriozábal, Marco Antonio Pérez González, Pedro Sánchez Berriozabal, Teófilo Pérez González y Rómulo Arias Mireles, sentenciados a 50 años de prisión por un supuesto homicidio.
El diputado Max Correra afirmó que la sentencia fue racista, injusta y con fallas y argumentó que el fiscal puede solicitar al Ministerio Público desistirse de la acción penal, con base en una interpretación del principio pro persona que lo obliga a interpretar el orden jurídico, a la luz de los derechos humanos, y a dar protección amplia a las personas.
Refirió que a los comuneros les acaban de notificar un resolutivo por un recurso de inconformidad que impulsaron contra la sentencia, donde el Poder Judicial admite que hubo ciertas violaciones al debido proceso; por lo cual da vista al fiscal general y se abren 140 horas, donde creen que el fiscal podría pedir el desestimiento para que queden en libertad.
Los hechos
En 2003 los comuneros de San Pedro Tlanixco de Tenango del Valle fueron acusados de homicidio por oponerse al a explotación del agua por parte de empresas floricultoras y tras 15 años de prisión preventiva oficiosa en un proceso penal –que consideró- plagado de injusticias, violaciones al debido proceso y a sus derechos fueron condenados a 50 años de prisión, es decir, toda su vida porque todos, menos uno tienen más de 50 años de edad.
El legislador ya ha recurrido al gobierno federal para que se consideren presos políticos, ha platicado con el gobierno estatal y destacó que el PRI también apoyó el exhorto.
Entre las pruebas que calificó de falsas, enumeró el supuesto testimonio de un niño pastor de quien nunca se comprobó su existencia, falsas declaraciones como la de un líder indígena que había fallecido un año antes de los hechos.
Además, el hecho de que uno de los inculpados tiene una discapacidad para caminar y se le acusa de haber pateado al occiso, por lo cual consideró que no hay testigos presenciales, ni testimonios verídicos y el alto comisionado de la ONU conoció el caso y expresó su preocupación por la falta de pruebas y de garantías al debido proceso.
Max Correa señaló que el Estado no pudo probar en dos instancias la responsabilidad y están en prisión por su lucha. Anunció que harán una campaña por la defensa de los presos políticos, pues hay otros como Humbertus Pérez Espinoza, preso por denunciar irregularidades de empresas inmobiliarias.
