En un seguimiento de las Medidas de Austeridad y Contención al Gasto Público del Poder Ejecutivo del Estado de México, en los últimos tres años destaca la disminución de salarios en los funcionarios de alto rango.
En el 2019, el gobierno mexiquense homologó la propuesta de Austeridad Republicana del gobierno federal en el sentido de que ningún funcionario gane más que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, es decir, 108 mil 656 pesos netos al mes.
Asimismo, contempló varias medidas en el capítulo 1000 y otras acciones de reducción del gasto público, es el caso de ahorro en materiales, compra de automóviles u otros bienes, disminución en el consumo de energía eléctrica y combustible.
En tanto que en el 2017, es decir en el último año del anterior sexenio, el ejecutivo estatal dispuso la reducción del 10% del sueldo base del gobernador, secretario y subsecretario, según lo publicado en la Gaceta de Gobierno en donde se específica que la medida se aplica también para los servidores públicos con esa categoría.
Es de mencionar que dichas Medidas de Austeridad y Contención al Gasto Público se replicaron en el 2018.
En el documento de 2019 se menciona que el paquete fiscal del presente año se elaboró con un perfil austero y responsable, con un enfoque al rubro social en atención a la situación económica del país, que repercutirán en los diversos órdenes de gobierno.
En ese sentido las medidas adicionales de austeridad y disciplina presupuestal tienen como objetivo “generar mayores ahorros en el gasto corriente y de destinar más recursos al fortalecimiento de las acciones para el desarrollo social”.
En el caso de servicios personales el principal punto consiste en que ningún servidor público percibe un salario de más de 108 mil pesos netos mensuales, que es lo que gana el titular del Ejecutivo nacional.
En tanto que el apartado de Materiales y Suministro, en el caso de uso de combustible, se controla vía tarjetas inteligentes, la asignación del mismo se hará con base al número y tipo de vehículo administrativo, no habrá asignación directa salvo sea autorizado por la autoridad competente.
En ese rubro, al compararlo con el 2017, refiere la Gaceta que el 90% del consumo de combustible será controlado a través del sistema de tarjetas inteligentes o su equivalente.
No se autorizará la dotación de combustible a aquellos que se incorporen al parque vehicular oficial.
Actualmente está vigente un uso racional y controlado de fotocopias al dar prioridad a los archivos electrónicos y sistemas digitales para disminuir la cantidad de papel y de ese proceso.
En servicios generales plantea la disminución y el ahorro de energía eléctrica con la utilización de luminarias ahorradoras, apagar los equipos de cómputo que no estén en uso e implementar otros tipo de energía, como la solar.
En telefonía celular, no la podrán contratar, solo con autorización de la Subsecretaria Administrativa.
Asimismo, no se podrán ejercer o asignar recursos públicos destinados al pago de gastos de representación de cualquier tipo de servidor público de las dependencias y entidades públicas, restringen ceremonias sociales u de otra naturaleza sin previa autorización.
En total son más de 30 las medidas y en las cuales existen sanciones a quienes no se sujeten a ello, por parte de la Secretaría de la Contraloría.
