La incertidumbre por la retención de más de 90 autobuses de las líneas TEO, Zina-bus y Flecha Roja con igual número de choferes continúa, informó Odilón López Nava, quien detalló que de no tomarse cartas en el asunto la economía local y las futuras inversiones en el estado se verán en grave riesgo.
"Este tema no es por los autobuses en este momento, sino la vida de los 92 operadores que están retenidos, y además el impacto social, el impacto económico, de tranquilidad en la región de Tenancingo y en todo el sur del Estado de México por las afectaciones en Villa Victoria, Valle de Bravo, Ixtapan de la Sal, Tenancingo y Santiago Tianguistenco, en donde los inversionistas no vienen al ver este tipo de escenarios, desde luego repercute en las fuentes de empleo, en horas de trabajo que fueron perdidas, cuestiones médicas", puntualizó.
El titular de la Canapat en la entidad agregó que la situación de violencia en torno a los normalistas puede derivar en la quiebra de varias empresas situadas en los municipios sureños, lo que costará mucho dinero en pérdidas y en la reactivación económica de la zona.
"Es un impacto de daño brutal que no va por encima de un interés de unas empresas, es más, las empresas puede ser que con estas acciones caigan en quiebra, desaparezcan y el problema va a seguir y para andar a echar ese andamiaje económico en el sur del estado va a ser muy complicado", resaltó.
Por otro lado, López Nava lamentó que a una semana de registrarse la primera retención de autobuses y operadores la Guardia Nacional no haya intervenido en los hechos, pese a que ya hizo el llamado solicitando el apoyo, por lo que insistió a las autoridades federales a que tomen cartas en el asunto para lograr el rescate de los choferes.
Tras la información emitida por los estudiantes de Tenería respecto a que los elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México los habían agredido el pasado domingo, el responsable de la Canapat en la entidad desmintió esa versión.
El pasado lunes Odilón López anunció que ya analizan solicitar la intervención a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues más allá del "secuestro" de autobuses temen por la integridad de los 92 operadores, de quienes no se tiene información alguna desde el viernes pasado.
Cabe recordar que estos hechos ya dejaron una pérdida económica de más de 500 millones de pesos en patrimonio.
