/ miércoles 3 de junio de 2020

"Edomex no transparenta contrataciones y el Osfem no fiscaliza": Transparencia Mexicana y TOJIL

Asimismo señalaron que sólo 9 de las 32 entidades del país han transparentado la información de las contrataciones que han hecho en el marco de la emergencia sanitaria


Ni el Estado de México ha transparentado la información sobre las contrataciones que ha realizado durante la pandemia generada por el Covid-19, ni tampoco el Órgano Superior de Fiscalización estatal (OSFEM) ha informado el inicio de auditorías especiales por la emergencia sanitaria.

Las organizaciones Transparencia Mexicana y TOJIL realizaron un informe, donde advierten que sólo 9 de las 32 entidades del país han transparentado la información de las contrataciones que han hecho en el marco de la emergencia sanitaria, y entre las 23 que no lo han hecho se encuentra el estado de México.

También señalan que apenas un órgano de fiscalización del país ha decidido iniciar auditorías, y alerta que en una pandemia la fiscalización del gasto público, y especialmente en tiempo real, es una actividad esencial para asegurar que los suministros lleguen a los hospitales, se evite la compra de bienes y servicios con sobreprecios, o se desvíen recursos públicos escasos con fines político electorales.

Los únicos estados que sí han publicado sus contrataciones son: Chihuahua, Ciudad de México, Colima, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora y Zacatecas, aunque lo han hecho en forma distinta.

Además, resaltan que el mayor riesgo de corrupción sigue en las entidades donde no se publica ningún tipo de información sobre las contrataciones realizadas, pues exhibirlas abona a la rendición de cuentas.

Entre las entidades que ya han subido información a sus portales sobre las contrataciones que han efectuado durante la pandemia hay disparidades, pues no todos permiten descargar contratos en formato PDF.

Lo que sí publica el Estado de México, al igual que otras entidades, es un micrositio especial sobre el Covid-19 y sus efectos, así como el presupuesto asignado para esta emergencia que asciende a 2 mil 400 millones de pesos.

El Osfem no audita

Ambas organizaciones también hicieron una revisión a las acciones de vigilancia y fiscalización donde identificaron que sólo uno de los 33 Órganos de Fiscalización Superior, donde se incluyen los 32 estatales y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) anunció el inicio de un programa de auditoría especial, derivado de la pandemia y sus consecuencias económicas.

El único órgano que lo hizo fue el de Sonora, pero a más de dos meses del inicio de la pandemia, y pese a las controversias por el manejo de recursos públicos vinculado con la crisis sanitaria y sus consecuencias sociales y económicas, tanto Transparencia Mexicana, como TOJIL destacan que ningún otro órgano legislativo del país haya solicitado el inicio de estas revisiones especiales.

En su informe, subrayan que una de las funciones más importantes en los congresos, además de legislar, es la vigilancia del poder Ejecutivo, pues después de aprobar el presupuesto son responsables de vigilar cómo se aplica, y por ello los órganos de fiscalización tienen independencia; sin embargo lamentan que la mayoría han suspendido o modificado plazos y términos relacionados con la fiscalización de los recursos públicos, e incluso hay quienes han suspendido completamente sus actividades.

Desde el año 2016 un grupo de organizaciones civiles, sociales y académicas impulsó una reforma a la Ley de Fiscalización Superior del país, donde se aseguró que la ley previera circunstancias como las que ahora vivimos: que los órganos de fiscalización cuenten con herramientas jurídicas y técnicas para enfrentar la situación y realicen auditorías especiales, en tiempo real.



Ni el Estado de México ha transparentado la información sobre las contrataciones que ha realizado durante la pandemia generada por el Covid-19, ni tampoco el Órgano Superior de Fiscalización estatal (OSFEM) ha informado el inicio de auditorías especiales por la emergencia sanitaria.

Las organizaciones Transparencia Mexicana y TOJIL realizaron un informe, donde advierten que sólo 9 de las 32 entidades del país han transparentado la información de las contrataciones que han hecho en el marco de la emergencia sanitaria, y entre las 23 que no lo han hecho se encuentra el estado de México.

También señalan que apenas un órgano de fiscalización del país ha decidido iniciar auditorías, y alerta que en una pandemia la fiscalización del gasto público, y especialmente en tiempo real, es una actividad esencial para asegurar que los suministros lleguen a los hospitales, se evite la compra de bienes y servicios con sobreprecios, o se desvíen recursos públicos escasos con fines político electorales.

Los únicos estados que sí han publicado sus contrataciones son: Chihuahua, Ciudad de México, Colima, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora y Zacatecas, aunque lo han hecho en forma distinta.

Además, resaltan que el mayor riesgo de corrupción sigue en las entidades donde no se publica ningún tipo de información sobre las contrataciones realizadas, pues exhibirlas abona a la rendición de cuentas.

Entre las entidades que ya han subido información a sus portales sobre las contrataciones que han efectuado durante la pandemia hay disparidades, pues no todos permiten descargar contratos en formato PDF.

Lo que sí publica el Estado de México, al igual que otras entidades, es un micrositio especial sobre el Covid-19 y sus efectos, así como el presupuesto asignado para esta emergencia que asciende a 2 mil 400 millones de pesos.

El Osfem no audita

Ambas organizaciones también hicieron una revisión a las acciones de vigilancia y fiscalización donde identificaron que sólo uno de los 33 Órganos de Fiscalización Superior, donde se incluyen los 32 estatales y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) anunció el inicio de un programa de auditoría especial, derivado de la pandemia y sus consecuencias económicas.

El único órgano que lo hizo fue el de Sonora, pero a más de dos meses del inicio de la pandemia, y pese a las controversias por el manejo de recursos públicos vinculado con la crisis sanitaria y sus consecuencias sociales y económicas, tanto Transparencia Mexicana, como TOJIL destacan que ningún otro órgano legislativo del país haya solicitado el inicio de estas revisiones especiales.

En su informe, subrayan que una de las funciones más importantes en los congresos, además de legislar, es la vigilancia del poder Ejecutivo, pues después de aprobar el presupuesto son responsables de vigilar cómo se aplica, y por ello los órganos de fiscalización tienen independencia; sin embargo lamentan que la mayoría han suspendido o modificado plazos y términos relacionados con la fiscalización de los recursos públicos, e incluso hay quienes han suspendido completamente sus actividades.

Desde el año 2016 un grupo de organizaciones civiles, sociales y académicas impulsó una reforma a la Ley de Fiscalización Superior del país, donde se aseguró que la ley previera circunstancias como las que ahora vivimos: que los órganos de fiscalización cuenten con herramientas jurídicas y técnicas para enfrentar la situación y realicen auditorías especiales, en tiempo real.


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